Lima, 2 mar (EFE).- Techos de calamina desgarrados, puertas y columpios oxidados, nidos de palomas en aulas de paredes despintadas, pupitres rotos, empolvados, y pizarras que caen a pedazos. A menos de 30 días de reabrir sus puertas, y tras dos años clausurado, «la situación del colegio está un poco crítica».
Así lo reconoció a Efe Diego Roberto Oscco, director de la institución educativa Príncipe de Asturias, ubicada en el humilde distrito de Villa El Salvador, en la capital de Perú, donde siete de cada diez escuelas públicas carecen de condiciones dignas y requieren ser reforzadas o reconstruidas.
«Hay que cambiar todo el mobiliario y algunas aulas están consideradas de alto riesgo, no habitables, pero como se requieren, las utilizamos», se resignó el responsable del centro.
En Perú, la brecha en infraestructura educativa se arrastra desde hace décadas, pero el abandono de los últimos dos años por la pandemia la agudizó y relegó una deuda histórica difícil de paliar con la inestabilidad de un sector que, solo en tiempos de la covid-19, ha cambiado cinco veces de ministro.
Ahora, a las puertas del retorno a la semipresencialidad, previsto para el 28 de marzo -cuando se espera que los niños regresen a las aulas tras dos cursos a distancia-, los directivos han multiplicado esfuerzos para limpiar y aderezar sus centros para cumplir con todas las medidas de seguridad epidemiológica.
Pero esa cursa a contrarreloj, con un presupuesto «insuficiente» de unos 7.500 soles (1.950 dólares) anuales por colegio, le hace cosquillas a una brecha que, para cerrarla, le tomaría al país unos 20 años, según estimaron expertos consultados por Efe.
LOCALES INHABITABLES
De acuerdo con las cifras oficiales, casi el 40 % de los locales educativos peruanos se encuentran en riesgo de demolición y requieren una sustitución total.
Ese es el caso de la institución educativa José María Arguedas, del distrito limeño de Santa Anita, cuya infraestructura está declarada inhabitable desde 2016, cuando las familias construyeron con sus propias manos y donativos unas aulas prefabricadas, a las que llaman «cajas chinas», donde desde entonces estudian sus hijos.
Así lo relató a Efe el presidente de la Asociación de Padres de Familia (Apafa), Marino Espinosa, quien compartió con el director del colegio, Horacio Gupioc, la sensación de «abandono» por parte del Estado, que «no hace nada en beneficio a la comunidad».
En Perú existen 54.800 colegios y solo el 9 % está en buen estado, mientras que el 76 % necesita un reforzamiento estructural o la demolición integral, detalló a Efe el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (Ucal), Rudolf Giese.
Además, el 60 % de los locales carece de por lo menos algún servicio: el 40 % no tiene agua, el 36 % no tiene desagüe, el 30 % no tiene luz eléctrica y el 40 % ni siquiera saneamiento público.
CRECE LA BRECHA
El ministro de Educación, Rosendo Serna, mencionó hace unos días ante una comisión del Parlamento que la brecha en infraestructura educativa asciende a 111.000 millones de soles (28.860 millones de dólares), una cifra mayor a los 60.000 millones de 2014 y a los 100.000 millones de 2019.
«Quiere decir que, en estos dos años, en los que hemos tenido las escuelas cerradas y la gran oportunidad de poder trabajar en ellas para tenerlas habilitadas, la brecha se ha incrementado en 11.000 millones», calculó Giese.
El arquitecto precisó que la inversión promedio anual en infraestructura educativa es de alrededor de 5.500 millones de soles (unos 1.430 millones de dólares), por lo que durante la pandemia «aparentemente la inversión ha sido cero».
A todo esto se suma una sobrecarga adicional y es que, entre 2020 y 2021, alrededor de 350.000 estudiantes de colegios privados migraron a escuelas públicas debido a la crisis económica desatada por la pandemia, alertó a Efe la representante de Unicef en Perú, Ana Mendoza.
SOCORRO A PRIVADOS
Los expertos urgen medidas de emergencia para asegurar el retorno seguro, pero insisten en que la solución a largo plazo pasa ineludiblemente por incrementar la inversión, mejorar la eficiencia en la gestión de recursos e impulsar la inversión privada.
«Hay un retraso de muchas décadas, que no se va a recuperar ni en algunos meses ni en algunos años. Esto es un pacto de Estado», sostuvo Mendoza, quien coincidió con Giese en que el sector privado tiene una oportunidad de oro «para echar una mano».
Para el arquitecto, el mecanismo de obras por impuesto «definitivamente es la llave» para involucrar a los privados e inyectar capital de «una manera más eficiente y más rápida».
«Es un mecanismo en el cual el privado puede adelantar hasta el 50 % de sus impuestos y destinarlos a ciertos proyectos de interés nacional», explicó.
Mientras tanto, el presidente Pedro Castillo, quien ejerció por más de 25 años de profesor en tres aldeas remotas de la región andina de Cajamarca, dijo que declararía en estado de emergencia la educación, por segunda vez en siete meses de gestión.
Carla Samon Ros
