Donoso (Panamá), 12 dic (EFE).- La mina panameña que ha sido epicentro de las recientes protestas está paralizada: ya no se explota, exporta ni comercializa el cobre que durante años extrajo Minera Panamá, la filial de la canadiense First Quantum Minerals. La empresa asegura que el abrupto cierre del proyecto supone un desastre ambiental.
«No estamos operando. Todo está detenido, pero no nos podemos ir de aquí hasta que esto esté seguro ambientalmente», dice a EFE la superintendente de Biodiversidad de Minera Panamá, la panameña Blanca Araúz, desde la cantera de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
La minera está ahora bajo un plan de «cuido y mantenimiento» con el personal mínimo, después de recibir el pasado 6 de diciembre una notificación por parte del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá que le insta a «finalizar las operaciones de extracción, procesamiento, beneficio, transporte, exportación y comercialización».
El aviso oficial llegó después de que la Corte Suprema de Justicia anunciara el pasado 28 noviembre que el contrato para renovar la concesión minera a 20 años prorrogables era «inconstitucional», dejando sin efectos el acuerdo entre Minera Panamá y el Estado panameño, negociado por más de un año.
El Gobierno ha llevado a cabo reuniones para elaborar un plan de cierre de la mina, pero hasta el momento no hay comunicaciones oficiales del Ejecutivo ni de FQM sobre la negociación.
Las consecuencias de un cierre abrupto
«Estamos en una fase de cuidado y mantenimiento (…) para evitar cualquier catástrofe ambiental porque esto no está cerrado totalmente», explica Araúz.
Ubicada en el área montañosa de Donoso, a unos 120 kilómetros de Ciudad de Panamá, la mina ocupa 13.600 hectáreas de concesión rodeada de bosque panameño, un paisaje que contrasta con el gris de la cantera y la arenosa zona del «relave», como se conoce a los desechos del proceso minero compuesto de roca molida, agua y otros minerales.
Un cierre sin planificación supondría graves problemas ambientales como la contaminación de las aguas, el derrumbe de infraestructura y la degradación del área debido a la geografía y el clima lluvioso del país, ha alertado la minera.
«Se tiene que lograr una estabilidad física y química de los principales componentes de la mina. Estamos hablando de la presa de relave, el tajo (cantera) y, principalmente, de los rellenos excedentes de roca del tajo», detalla a EFE desde la mina el gerente de Ambiente de Cobre Panamá, el peruano Alejandro Chambi.
Chambi reconoce que no «se ha estudiado todas las consecuencias y la variabilidad que puede tener» un cierre «abrupto» de la mina. Incluso, añade, no hay «un precedente en la historia de la ingeniería de que una empresa del tamaño de Cobre Panamá se vaya sin, obviamente, dejar en claro las responsabilidades de lo que pueda significar».
La minera también ha advertido que el bloqueo terrestre en una vía de entrada a la mina y otro marítimo en el puerto internacional de Punta Rincón, ubicado en el Caribe panameño por el que la empresa recibía combustible, están impidiendo la entrega de equipos e insumos necesarios para mantener la «estabilidad ambiental del sitio».
«Nos tienen bloqueados tanto por el mar como por tierra. Necesitamos combustible y alimentación para el personal que está en esta fase. Somos pocos los que quedamos cuidando y manteniendo la mayor estabilidad posible para que no ocurra ningún problema ambiental», declara Araúz.
Esos bloqueos son los únicos que se mantienen, después de que las masivas protestas del mes pasado contra el contrato minero cesaron casi de manera inmediata tras el anuncio de inconstitucionalidad.
La clausura desordenada de Cobre Panamá, una inversión de 10.000 millones de dólares, también traería consecuencias económicas, principalmente con sus trabajadores, según la mina, que ya ha comenzado a tramitar el despido de 4.000 trabajadores.
Cobre Panamá, que aportaba más de 40.000 empleos directos e indirectos en todo el país y cuenta con más de 7.300 colaboradores, es la única explotación de este mineral del país centroamericano.
Un cierre ordenado: 15 años y un costo millonario
Cerrar ese proyecto de manera segura y ordenada, de acuerdo a los estándares internacionales, tardaría entre 10 a 15 años con un costo millonario, según Chambi.
«Estamos hablando del período de cierre ya definitivo que es desmantelar todas las operaciones la planta y el postcierre es la última etapa donde hay un monitoreo, no solamente de la estabilidad física de los componentes sino sobre todo de la estabilidad química y vigilar y dar garantías», agrega el experto.
Una vez clausurada, la carretera dentro de la mina y el puerto internacional de Punta Rincón, que también servía para la exportación de concentrado de cobre desde el Caribe donde además hay una gran planta de energía, serían las dos infraestructuras que quedarían.
Algunos expertos han apuntado que el cierre de la mina, la decimocuarta de cobre más grande del mundo en producción en 2022, aumentaría además el riesgo país con la eventual pérdida del grado de inversión, bajada de los bonos panameños y el deterioro de las finanzas públicas.
En los primeros 9 meses de 2023, esta mina produjo alrededor de 268.000 toneladas de cobre contenido en concentrados, lo que representa el 2 % de la producción mundial, de acuerdo con los datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés).
Ahora, la disputa entre la empresa minera y el Estado panameño parece haberse trasladado al escenario internacional, donde se enfrentarán a un arbitraje por una demanda multimillonaria tras el cese del contrato.
Ana de León
