Tegucigalpa, 12 nov (EFE).- La estrategia de Honduras para atraer inversiones basada en privilegios fiscales ha demostrado «no ser eficiente» para generar desarrollo y crecimiento para el país, por lo que es necesario «repensar» las políticas de fomento de inversiones e incluir al sector productivo, el más golpeado por el coronavirus.
Este es uno de los principales hallazgos recogidos en un estudio divulgado este jueves por el no gubernamental Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), en el que además señala que los conflictos asociados a proyectos de inversión están asociados a la falta de búsqueda de consentimiento libre e informado en las comunidades.
«La estrategia de atracción de inversión basada en privilegios fiscales ha demostrado no ser eficiente para atraer capitales importantes al país», indica el informe titulado «Ilusionismo Económico, Modelos Extractivistas y COVID-19 en Honduras: Las consecuencias en una economía debilitada».
El Fosdeh ve necesario «repensar las políticas de fomento de inversiones nacionales e internacionales» y tomar en cuenta al sector productivo, el más golpeado por la pandemia.
Según cifras de la Secretaría de Finanzas, citadas en el informe, Honduras perderá este año 46.128 millones de lempiras (1.871 millones de dólares) a causa de los incentivos a empresarios, lo que equivale al 16,3 % del presupuesto del país de 2020 (11.756 millones de dólares).
«El Estado de Honduras deja de invertir a través del gasto público 46.128 millones de lempiras (1.871 millones de dólares), porque renuncia a obtenerlos y, en cambio, el beneficio asumido por los inversionistas no se traduce en más y mejores salarios para la mayoría de la población», destaca.
EXONERACIONES SUMAN MÁS QUE PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN Y SALUD
El autor del estudio, Alejandro Kafatti, dijo a Efe que la idea principal del documento es contrarrestar la opinión de que las exoneraciones fiscales generan desarrollo y crecimiento para el país centroamericano.
Las exoneraciones son «2,5 veces mayor al presupuesto de la Secretaría de Salud y 1,5 más al de Educación», por lo que esos incentivos fiscales «más de allá de un crecimiento y desarrollo, generan pobreza», enfatizó.
Kafatti indicó que el 40 % de las exoneraciones son otorgadas a sectores de manufactura y energía, pero esos rubros no generan niveles «significativos» de empleos.
«Los argumentos de que la renuncia fiscal busca incrementar el empleo, reducir la pobreza y atraer la inversión prácticamente han fracasado», subrayó.
HONDURAS DEBE RECONVERTIR MODELO EXTRACTIVISTA
Antes de la pandemia de coronavirus, Honduras ya enfrentaba una crisis económica, y un ejemplo de ello es que en 2017 el país decreció alrededor de 4,8 % y en 2019 disminuyó 2,7 %, añadió Kafatti.
El impacto de la covid-19, según el Fosdeh, «se mezcla con la precariedad preexistente en el país, deviniendo una situación insostenible para la población en general, pese a lo cual, la elite corrupta mantiene y acrecienta una serie de privilegios, vía exenciones y/o exoneraciones, en detrimento de los más pobres, de la clase media, y del mismo Estado».
Otro objetivo de Honduras debe apuntar a «reconvertir el modelo extractivista o de enclave» por otro que permita al Estado disponer de los recursos para cumplir sus obligaciones con la población, señala el estudio.
Las políticas extractivistas en Honduras están acompañadas de «prácticas institucionales de coerción, intimidación e impunidad ante las protestas indígenas y campesinas», añade.
«Los extremos de violencia a los que se puede llegar no tienen límites» y prueba de ello es el asesinato, en marzo de 2016, de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, líder de la etnia lenca, señaló Fosdeh.
Ante ello, considera que el «consentimiento previo libre e informado» se constituye en «una puerta de la conflictividad por la imposición, opacidad y los impactos sociales y ambientales que afectan a las comunidades», lo que se ve «profundizado por la injusticia fiscal».
El organismo hondureño recomienda al país revisar de forma «exhaustiva» las concesiones y exoneraciones para valorar su rentabilidad versus la utilidad socioeconómica, cambiar el esquema de incentivo a la inversión extranjera, trabajar en un plan nacional de reconstrucción y dinamizar los sectores económicos que permitan lograr la equidad y el desarrollo nacional.
