Santiago de Chile, 4 nov (EFE).- La reforma integral al sistema de pensiones chileno le costará al Estado entre el 1,2 % y el 1,5 % del PIB, lo que equivale a cerca de 4.500 millones de dólares, informó este viernes el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
El expresidente del Banco Central explicó que el costo fiscal incluye «los gastos en los que va a incurrir el Estado como empleador, porque va a tener que pagar (el aumento de) las cotizaciones del 6 %, más el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250.000 pesos (cerca de 270 dólares)».
También «el funcionamiento del Administrador Público Autónomo y las inversiones iniciales para que empiece a funcionar el Inversor Público de Pensiones Autónomo».
El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la noche del miércoles en cadena nacional que enviará próximamente al Congreso una esperada reforma de pensiones que pone fin al actual sistema privado, cuestionado largamente por las bajas jubilaciones que entrega e instalado durante la dictadura (1973-1990).
La reforma, basada en principios de seguridad social, contempla un aumento del 6 % de las cotizaciones, que correrá a cargo del empleador, así como la creación de un administrador público de fondos, poniendo fin así a la gestión exclusiva de las criticadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
«Yo creo que el Gobierno ha sido bien pragmático en el diseño de la reforma, ha tratado de buscar lo mejor de la capitalización individual y le ha agregado un componente de seguro social y ha fortalecido la PGU. El gobierno propone un sistema mixto», indicó el ministro en una radio local.
Las pensiones llevan años en la lista de las principales preocupaciones de los chilenos y Gobiernos anteriores intentaron sin éxito reformar el sistema, una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019.
La propuesta de Boric tendrá que tendrá que abrirse camino en ambas cámaras del Congreso, donde la coalición gobernante de izquierda es minoría y la bancada opositora de derechas ya ha anunciado reparos.
«Cuando se dice que no se va a aceptar que esta cotización de los empleadores vaya a seguridad social, se está diciendo que queremos un sistema monocolor, donde solo exista la capitalización individual», afirmó Marcel.
«Es un planteamiento que es mucho más radical y conservador que el propio proyecto que presentó el expresidente (Sebastián) Piñera en el Gobierno anterior», añadió.
En el modelo actual, cada trabajador formal está obligado a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres) y que es tutelada por una de las siete AFP que existen.
En 2008, se hizo una reforma parcial y se creó una pensión financiada por el Estado para los más pobres, que se amplió en 2021 hasta los 185.000 pesos mensuales (cerca de 200 dólares).
