Washington, 30 nov (EFE).- Nueve legisladores de EE.UU. expresaron este martes su preocupación por posibles violaciones de derechos humanos en el municipio guatemalteco de El Estor, donde en octubre se registraron varios enfrentamientos entre indígenas q’eqchi’ y fuerzas de seguridad por el funcionamiento de una mina.
Los nueve legisladores del Partido Demócrata enviaron una carta este martes al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, para pedirle que condene la decisión del Gobierno de Guatemala de haber declarado en El Estor el estado de prevención, que suspende varios derechos.
El Estor, en departamento de Izabal, ya estuvo en estado de sitio durante un mes y el 23 de noviembre pasó a un estado de prevención, que se mantendrá durante quince días.
El estado de prevención permite a las autoridades guatemaltecas limitar la celebración de reuniones al aire libre o de manifestaciones y disolverlas por la fuerza, además de habilitar al Gobierno para suspender publicaciones que supuestamente alteren el orden público.
Los legisladores estadounidenses pidieron a Blinken que abandone el silencio que ha mantenido hasta ahora sobre este tema e inste al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei a revocar «inmediatamente» el estado de excepción.
Además, advirtieron de la posibilidad de que las autoridades guatemaltecas estén usando material donado por EE.UU. para la lucha contra el narcotráfico para reprimir a los indígenas.
«Nos preocupa profundamente que la ayuda de EE.UU. pueda estar sirviendo para apoyar directa o indirectamente las violaciones de los derechos humanos y la obstrucción de los procesos democráticos por parte del gobierno guatemalteco, incluido el ministerio público, la policía, la inteligencia y el personal militar», dijeron los legisladores.
La carta enviada a Blinken la firman Jesús «Chuy» García, de Illinois; Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Ilhan Omar, de Minnesota; Rashida Tlaib, de Michigan; Joaquín Castro, de Texas; Raúl M. Grijalva, de Arizona, además de Norma J. Torres, Alan Lowenthal y Juan Vargas, los tres de California.
En el centro de la disputa se encuentra la mina Fénix ubicada en municipio de El Estor, cuya dueña es la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.
Según el Gobierno de Guatemala, la mina no se encuentra operando desde 2019 debido a una orden del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, ante la falta de una consulta popular con las comunidades aledañas a la minera.
Los miembros de estas comunidades pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel al carecer de estudios de impacto ambiental ni autorización de operaciones al no haberse realizado una consulta popular al respecto, y han calificado las que se puedan llevar a cabo como ilegítimas sin su participación.
