México, 4 ago (EFE).- Las confesiones de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, podrían servir para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, deslegitime la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada, advierten expertos.
Este martes se cumple una semana de la primera audiencia de Lozoya, «testigo colaborador» que afrontará en libertad dos procesos judiciales por los presuntos sobornos de 10,5 millones de dólares de Odebrecht y por el supuesto fraude de una planta de fertilizantes.
Cuidar la imparcialidad del proceso, en el que López Obrador ha intervenido, es crucial porque es un hecho inédito en el país, expresa Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
«Lo importante es darle aire al proceso de investigación, al proceso judicial, pero hay que intentar, porque es muchísima la tentación, no hacer tanto ruido político porque esto tiene un claro interés electoral», dice Alvarado en entrevista con Efe.
Desde su extradición de España, el 17 de julio, Lozoya ha sacudido la política por ser el primer mexicano en declarar sobre la brasileña Odebrecht y su rol en la reforma energética de 2013.
Lozoya, quien dirigió la petrolera estatal de 2012 a 2016 y coordinó el área internacional de la campaña del hoy expresidente Enrique Peña Nieto, es sospechoso de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
En sus primeras declaraciones, el exfuncionario dijo que parte de los sobornos de Odebrecht fueron para comprar votos de legisladores de oposición a favor de la reforma energética.
El investigador de MCCI teme que el Gobierno federal distraiga con la politización del caso para golpear a sus opositores del derechista Partido Acción Nacional (PAN), fortalecer el control de Pemex y cuestionar la reforma energética, a la que López Obrador tacha de «saqueo».
«El proceso también es relevante, pero no para irse encima de la reforma, sino para juzgar a nuestro sistema democrático. Sí es preocupante que nuestro sistema pueda ser corruptible para aprobar las leyes. ¿Ha pasado? Sí, y no tenemos mecanismos que garanticen que no vuelva a pasar», opina.
NO LO DESCARTA
López Obrador afirmó la semana pasada que no descarta una reforma, si no consigue fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
«Es probable que no se modifique la Constitución. Ahora, si necesitamos hacerlo para consolidar a Pemex y la CFE, no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución», manifestó.
Pero expertos señalan que el líder izquierdista ya ha emprendido una «contrarreforma energética» de facto al implementar políticas, como la que publicó la Secretaría de Energía (Sener) en mayo pasado, para limitar la participación de los privados y los generadores renovables.
Por ello, Gonzalo Monroy, socio director de la consultora GMEC, se muestra escéptico de que alguien pise la cárcel por el caso de Lozoya.
«Lo que sí va a terminar haciendo es deslegitimar o quitarle credibilidad a los actores que pudieran ser más adelante los baluartes y la defensa de la reforma energética, obviamente nadie va a querer arriesgar el cuello por un acto que nació corrupto», indica el consultor energético.
El coordinador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) en el Senado, Ricardo Monreal, sugirió la semana pasada que el proceso legislativo se podría repetir si se demuestra la corrupción.
Sin embargo, para abrogar la reforma constitucional, necesitaría el voto de dos terceras partes del Congreso y la mayoría del respaldo de los congresos locales.
«Se ve difícil que tenga los votos», percibe Monroy al recordar que el próximo año México tiene elecciones intermedias para reemplazar a la Cámara de Diputados y los congresos estatales.
TRATO PREFERENCIAL
Con sus declaraciones en las ruedas de prensa matutina sobre el caso, López Obrador podría comprometer la autonomía de la Fiscalía General, alerta el investigador del MCCI.
«Pareciera que la Fiscalía de repente recibe órdenes de la Presidencia», dice Alvarado.
Un ejemplo es que Lozoya, a pesar de haberse fugado el año pasado, afrontará su proceso en libertad porque el juez solo le impuso la prohibición de salir del país y vigilancia con brazalete electrónico.
En contraste, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de Peña Nieto, sí está en prisión preventiva desde el año pasado.
Si la Fiscalía recibe instrucciones del presidente «no resuelve la justicia, no resuelve la corrupción y, en breve, no resuelve nada», sentencia Alvarado.
