Bogotá, 26 sep (EFE).- Las reformas tributaria, laboral y a la salud; el alza a los precios de la gasolina y la invasión de tierras sacaron este lunes a miles de personas a las calles de Colombia en la primera manifestación contra la Administración del presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo hace menos de dos meses.
«No más Petro», «vamos por mal camino», «quiere acabar con todo», fueron las frases más recurrentes en Bogotá, en donde dos marchas que salieron de diferentes puntos de la ciudad llegaron a la Plaza de Bolívar.
Allí hubo un conato de enfrentamiento en el que personas afines a Petro rodearon a los que iban en la marcha e incluso alcanzaron a lanzarles objetos, pero la situación no pasó a mayores.
«Estoy marchando porque en mes y medio se ha visto ya un desastre en Colombia. No se está viendo nada bueno, nada que venga positivo. La salud, yo sé que a la salud le faltan muchas cosas (…) pero no tenemos que estar diciendo que van a acabar con la salud, con las EPS -Empresa Prestadora de Salud- eso no está bien», dijo a Efe Isabel, una de las asistentes a la convocatoria.
La denominada «Gran marcha nacional» impulsó marchas, concentraciones y plantones en más de 20 ciudades colombianas y en varias de Estados Unidos, México, Panamá y Suiza, dijo a Efe el arquitecto Pierre Onzaga, uno de los gestores de la movilización, quien anunció una segunda jornada para el próximo 24 de octubre.
LOS SIGNOS DEL DESCONTENTO
Las manifestaciones más concurridas estuvieron en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Allí, miles de personas, la mayoría ataviadas con camisetas blancas y enarbolando banderas de Colombia, arengaron contra el Gobierno de Petro.
El descontento que mostraron es, entre otros, por la reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en agosto pasado que busca recaudar 25 billones de pesos anuales (unos 5.550 millones de dólares al cambio de hoy).
También cargaron fuerte contra la reforma laboral, que será presentada al Congreso el año entrante, al considerar que para los empresarios será cada vez más difícil crear empleos porque traerá mayores costos.
Otro foco de descontento es la «paz total». El jueves pasado en Nueva York, en donde participó en la Asamblea General de la ONU, Petro anunció que en cuestión de días se va a plantear un cese al fuego multilateral con varios grupos armados que se han acercado al Gobierno en su proyecto de «paz total».
«No estoy de acuerdo con la negociación que está haciendo el Gobierno. La reforma (tributaria), (y) ese acuerdo (la paz total) que tiene con los delincuentes realmente nos deja bastante preocupados», manifestó a Efe Jairo.
Sin embargo, aclaró que él considera que «hay que dejarlo gobernar (a Petro)» pero que no está «de acuerdo con la forma en que está negociando con los terroristas». «No estoy de acuerdo y por eso marcho», agregó
EL GABINETE NO SE SALVA
A lo anterior se suman las críticas contra varios de los ministros y contra el Partido Liberal y Conservador, que se declararon de Gobierno y por ende apoyan las reformas que impulsa Petro en el Congreso.
El blanco de las críticas al Gabinete lo centraron los manifestantes en la jefa de la cartera de Minas, Irene Vélez, y el ministro de Defensa, Iván Vélasquez.
«Somos gente trabajadora pero acá en el norte del Cauca no tenemos protección cuando los indígenas invaden las fincas», manifestó a periodistas un hombre que dijo ser propietario de una pequeña finca en la que siembra caña de azúcar que luego vende a las fábricas azucareras.
La Defensoría del Pueblo alertó que han aumentado los casos de ocupación indebida de tierras en varias regiones del país: han detectado 108 casos, el 36 % de ellos en el departamento del Cauca (suroeste). La mayoría de estas invasiones las hacen indígenas argumentando querer «liberar a la madre tierra» de la sobreexplotación.
En el norte del país también hay ocupaciones de tierras por parte de campesinos que reclaman predios que, según ellos, les fueron arrebatados en el conflicto.
VOCES DE LA OPOSICIÓN
«Se le está mostrando al Gobierno Petro que sus reformas no son populares, no son aceptables para una gran mayoría de los colombianos», apuntó Enrique Gómez, quien fue precandidato presidencial y es férreo crítico del Gobierno.
El político aseguró que el Gobierno y los «partidos de la mala política no van a poder imponer al pueblo colombiano reformas como la tributaria o la pensional» y no vaciló al decir que el Congreso es de «alquiler».
En coincidencia con Gómez, la senadora del Centro Democrático, el partido de oposición, Paloma Valencia, dijo que otro motivo de las protestas tiene que ver también con la prohibición de hacer exploraciones de gas y petróleo «para comprárselo -según ella- a Venezuela dejando a Colombia sin soberanía energética».
