Río de Janeiro, 27 jul (EFE).- Miles de menores trabajan para el narcotráfico en Brasil por la falta de oportunidades ante un Estado ausente entre la dicotomía de ser considerados víctimas de trabajo infantil o delincuentes potenciales.
Así se desprende de una investigación realizada por el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESeC), una de las primeras instituciones académicas integralmente dedicadas al campo de la seguridad pública en Brasil.
Según la misma, adolescentes entre los 12 y los 17 años se someten a turnos de hasta 14 horas de trabajo durante seis días a la semana; salarios ínfimos basados en comisiones sobre la mercancía vendida y una permanente exposición a la violencia para ayudar a sustentar a sus familias o conseguir los anhelados objetos que su condición económica no les permite adquirir.
La mayoría, resalta la investigación, tienen en común la falta de oportunidades, una carencia que el Estado no ha sido capaz de suplir y que con el paso del tiempo crece cada vez más.
«Son adolescentes que empiezan muy jóvenes en el mercado de trabajo y que tienen los derechos más básicos negados como el acceso a la educación», señaló a Efe la socióloga y antropóloga Paula Napoliao, coordinadora de la investigación del CESeC «Ganar la vida, perder la libertad».
Brasil es el quinto país más poblado del mundo con 210 millones de habitantes, pero el 40 % de los mayores de 25 años ni siquiera tiene educación básica, según datos oficiales.
Esto debido a que la tasa de analfabetismo en el país es de un 6,8 %, un problema que afecta a 11,3 millones de personas mayores de 15 años y que tiene mayor incidencia entre las negras o mulatas, que representan más de la mitad de la población del país.
A eso se suma que más de 13,5 millones de brasileños viven en extrema pobreza, con menos de 1,9 dólares por día, (el 6,5 % de la población, según el último informe oficial de 2018).
Aunque no existen cifras que totalicen el número de menores vinculados con el narcotráfico en el país, en Río de Janeiro, se calcula que unos 2.500 adolescentes están en centros socioducativos por este motivo.
La cifra se cuadruplica en Sao Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil, que con unos 46 millones de habitantes, tiene cerca de 10.000 adolescentes en ese tipo de centros.
Según Napoliao la mayoría de los menores ingresan al mundo del tráfico de drogas luego de haber realizado algún trabajo formal y lo hacen pensando en que van a ganar más dinero del que hacían.
Dos cosas los motivan a ello, según el estudio: comprar los objetos anhelados y que normalmente no pueden adquirir (ropa, celulares, televisores, audífonos, etc.) y ayudar a sustentar a sus familias.
EXPLOTACION INFANTIL O DELITO
Si bien el negocio del narcotráfico es señalado como un delito, el hecho de que menores de edad trabajen en esta rama criminal es considerado como explotación para la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y es que el narcotráfico implica, entre otros, respetar jerarquías a cualquier precio, cumplir jornadas extenuantes por salarios ínfimos y estar en un permanente riesgo de muerte.
«El tráfico de drogas está señalizado como uno de las peores formas de trabajo infantil. Ellos (los narcotraficantes) tienen en ese mercado adolescentes que deberían estar estudiando o realizando algún tipo de labor remunerada dentro de un trabajo formal», precisó la investigadora.
A eso se suma la ambigüedad de la legislación brasileña vigente que no ayuda mucho a los menores vinculados con el tráfico de drogas.
Aunque Brasil es signataria de la Convención 182 de la OIT, que encuadra al narcotráfico como una de las peores ramas de explotación laboral infantil, la Justicia estima que la participación de menores en ese mercado es un delito que debe corregirse en centros socioeducativos.
No obstante, de acuerdo con el CESeC, estos lugares no cumplen con su objetivo de resocializar a los menores que han entrado en el camino de la delincuencia.
«El sistema socioeducativo lo que hace es reforzar las violaciones, no ofrece una perspectiva o una salida para esos jóvenes», apunta la socióloga.
De acuerdo con la investigación, los adolescentes que son recluidos en estas unidades se encuentran con «verdaderas réplicas» del sistema penitenciario, donde el hacinamiento, la falta de implementos mínimos de higiene y las agresiones son el pan de cada día.
Los centros, que supuestamente deben brindar cursos y capacitación para que los adolescentes puedan desarrollar habilidades que les permitan desenvolverse legalmente, son espacios insalubres, donde prevalece el ocio y en los que se evidencia cada vez más el uso de medicamentos psiquiátricos.
«Allí se dan ese tipo de medicaciones a los adolescentes para que estén más calmados y hasta ellos también las terminan pidiendo, lo que quiere decir que no quieren estar muy conscientes de las cosas», dijo Napoliao.
En 2017 un informe del Mecanismo Estatal para la Prevención y el Combate de la Tortura denunció torturas y otros tipos de violencia al interior de estas unidades.
Al año siguiente, la denuncia fue corroborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras visitar uno de estos centros en Río concluyó que había «una desviación completa de su propósito institucional, ante la ausencia de actividades socioeducativas y claras características de una verdadera prisión».
María Angélica Troncoso
