Ciudad de México, 5 ago (EFE).- Representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) protestaron este viernes frente a las oficinas de Grupo México en la capital mexicana para denunciar que la compañía minera lleva 8 años impune por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, en el norte del país.
Decenas de personas del colectivo acudieron con camisetas y una manta en la que se leía “Grupo México: ¡Hazte responsable!” y simularon con tubos y caucho un derrame tóxico como el ocurrido en la mina Buenavista del Cobre en agosto de 2014, que tiñó de amarillo el río Sonora.
Habitantes de al menos ocho municipios de Sonora afirmaron que los daños económicos ascienden a los 10.200 millones de pesos (unos 500 millones de dólares), por lo que insistieron a Grupo México “rendir cuentas”.
“Nos vimos afectados en todos los ámbitos de nuestra vida. Empezamos con la afectación a nuestra agricultura y ganadería, que fue una pérdida total y con afectaciones a mediano y a largo plazo porque nuestras tierras y agua están contaminadas”, comentó a Efe José Manuel López, miembro de los CCRS.
Dijo que también tienen problemas de salud niños, jóvenes y adultos, principalmente por la contaminación de su sangre con metales pesados como el plomo, arsénico, manganeso y cadmio.
De acuerdo con un análisis realizado en abril pasado por autoridades sanitarias mexicanas, el 95 % de la población de los norteños municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviacora y Hermosillo rural cuenta con plomo en su sangre, un 50 % arsénico y un 70 % cadmio.
“Lo que ahorita más nos está doliendo es la salud porque hay familias completas contaminadas, hay niños con cáncer, hay pérdidas de personas que ya no están, hay mucho cáncer, tumor, enfermedades en los órganos”, expresó en entrevista María Filomena Bonilla, del municipio de San José de Gracia.
En el año del incidente minero, Grupo México abrió un fideicomiso por 2.000 millones de pesos (98 millones de dólares) de los que se subejerció el 40 %, mientras que el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) calculó un daño de 3.000 millones de pesos (147 millones de dólares).
Según el documento “Estimación de pérdidas económicas por los daños ocasionados a partir del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi», del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), “ni el monto pagado por la multa ni las compensaciones entregadas por el Fideicomiso Río Sonora bajo ningún escenario cubrieron los efectos directos indirectos y acumulativos”.
En mayo de 2021, la justicia mexicana también resolvió que el mecanismo para remediar las afectaciones en este río no cumplieron su propósito, por lo que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció en noviembre del mismo año que se inició el llamado “Plan de Justicia para Cananea” para atender a las ocho comunidades sonorenses.
Desde septiembre de 2021, cuando inició dicho plan y hasta julio de 2022 los comités han sostenido 21 reuniones con autoridades mexicanas, sin que a la fecha se haya resuelto el tema.
