México, 15 jul (EFE).- El Gobierno de México se verá obligado a revisar de nuevo sus proyectos energéticos al constatar que no tiene recursos para financiar la construcción de nuevas plantas eléctricas con el aval de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Este es el motivo de la cancelación de tres licitaciones públicas para la construcción de plantas eléctricas al no recibir las empresas constructoras los créditos suficientes para financiar las obras, a pesar de tener el aval de la CFE, según se anunció este miércoles.
«No hay dinero público para esas obras y lo que es peor los bancos rechazan la garantía de la CFE», explicó una fuente de una asociación empresarial que considera que el Gobierno «sigue dando saltos en el vacío» en su estrategia energética.
La misma fuente agregó que la CFE pretendía que las constructoras financiasen al cien por cien las plantas, pero los bancos solo pueden prestar hasta un máximo del 30 % del costo de la inversión con lo que resultaba inviable financiar el resto.
En definitiva, el sector financiero descarta la financiación de esos proyectos sin que la garantía de la CFE sea suficiente porque es una empresa que solo en el primer trimestre de este año perdió 121.799 millones de pesos, alrededor de 6.000 millones de dólares.
«Lo que está en juego es el papel del sector público en el desarrollo del sector eléctrico. El Gobierno quisiera desprenderse de las empresas privadas pero o cuenta con ellas o México no dispondrá de la suficiente capacidad de producción energética para promover el desarrollo industrial», indicó la misma fuente.
Las contradicciones del Gobierno mexicano en su estrategia energética se constataron al anunciar la CFE «que no existen las condiciones necesarias para continuar con el desarrollo del Concurso Abierto Internacional con Número CFE-0036-CACOA-0014-2019».
Esta licitación contemplaba contratos de obra llave en mano para desarrollar proyectos en San Luis Potosí y Guanajuato -ambas centrales de ciclo combinado- y una en Baja California Sur de generación mediante combustóleo o gas natural.
La CFE alega que se canceló esta licitación «derivado de la crisis y de los efectos dentro de la productividad y la economía mundial que ha generado la pandemia por COVID-19 y que también ha impactado nuestra nación».
Esta acción, siempre según la CFE, buscaría no endeudar el país y «optimizar los recursos económicos».
CONTRADICCIONES
La cancelación supone una muestra más de los vaivenes y contradicciones del Gobierno mexicano en su política energética que ha motivado que diversas asociaciones empresariales mexicanas y de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea hayan mostrado su preocupación y rechazo al no garantizarse las inversiones y planes de las empresas privadas.
Como consecuencia de la falta de garantías en sus inversiones, la empresa Iberdrola México comunicó el mes pasado la suspensión de una futura planta de ciclo combinado por una inversión de 1.200 millones de dólares en la localidad de Tuxpan (Veracruz).
La construcción de la planta tenia previsto generar dos mil empleos directos e Iberdrola suspendió el proyecto por la negativa de la CFE a suministrar gas natural para la operación.
La suspensión es un ejemplo mas de las decisiones del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar prioridad a las empresas estatales CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex) a pesar de que estas dos compañías están fuertemente endeudadas.
López Obrador se ha mostrado, no obstante, conciliador y ha dejado la puerta abierta a un acuerdo con Iberdrola para lo que ha emplazado a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y al director de la CFE, Manuel Bartlett, para que alcancen un acuerdo.
Además de las criticas empresariales, la política energética de López Obrador ha sufrido todo tipo de reveses en los tribunales al limitar el desarrollo de las energías renovables.
Los tribunales han respaldado las demandas presentadas dado que la política energética del gobierno da prioridad a las energías convencionales (fósiles) en detrimento de las renovables.
Los planes de la nueva política energética del Gobierno de López Obrador se establecieron en abril y mayo con sendos acuerdos que limitan la energía renovable y la iniciativa privada, favoreciendo a la estatal CFE.
Pero estas medidas quedaron en suspenso al notificar la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión provisional de la nueva política de la Secretaría de Energía (Sener) referente a la limitación de energía eléctrica renovable, en tanto se resuelve su constitucionalidad.
En medio de esta polémica, la CFE anunció este lunes que adquirirá dos millones de toneladas de carbón a través de un proceso de adjudicación directa con contratos multianuales que van de julio de 2020 a diciembre de 2021.
Aunque la CFE considera que esta compra de carbón no implica que la compañía estatal apueste por las «energías sucias» supone un retroceso en el apoyo a las energías renovables.
