México, 23 mar (EFE).- El Gobierno de México se plantea construir diez parques de energía solar para abastecer los tramos electrificados del Tren Maya y mejorar la sostenibilidad ambiental del sector turístico, según trascendió este martes de un documento del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
En un memorando al que ha tenido acceso Efe, el Fonatur, ente encargado de la construcción del Tren Maya, contempla edificar diez granjas de energía fotovoltaica a lo largo del país identificando «las regiones de la Península de Yucatán y Baja California Sur como prioritarias para el desarrollo de la fase inicial».
El Tren Maya es un proyecto emblemático del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con una inversión de 6.294 millones de dólares para cerca de 1.554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De esos, 690 kilómetros correspondientes a la ruta Mérida-Cancún-Chetumal serán electrificados, tanto con trenes híbridos propulsados por electricidad y diésel como con trenes totalmente eléctricos.
Para mover esas locomotoras y «fomentar un desarrollo y turismo sustentable», el Fonatur pretende crear diez granjas fotovoltaicas y destinar parte de ese suministro al Tren Maya y sus estaciones.
El documento revelado no contempla montos de inversión ni la ubicación exacta de los parques, pero sí incluye la convocatoria de dos estudios de «preinversión».
El primer estudio deberá presentar la elaboración del modelo técnico, legal y financiero que permita edificar estas centrales solares, siempre en «estrecha colaboración» con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con la participación de la Banca de Desarrollo.
«El segundo tipo de estudio se refiere a los necesarios para definir y desarrollar diez proyectos de manera particular y estar en posibilidades de licitarlos y construirlos», recoge el memorando.
El Tren Maya, ideado para reactivar la maltrecha economía del sureste mexicano, ha creado muchas controversias por su impacto ambiental y en las comunidades indígenas, y cuenta incluso con una suspensión definitiva por parte de un juez en el estado de Yucatán.
