Ciudad de México, 14 dic (EFE).- Los Gobiernos de México y EE.UU. oficializaron este martes la puesta en marcha del Entendimiento Bicentenario, su nueva «alianza» en materia de seguridad que busca combatir la criminalidad con un enfoque integral y alejarse de la estrategia militar de la Iniciativa Mérida.
«Lo que estamos testimoniando el día de hoy es uno de esos eventos que podemos denominar como históricos. Nace el Entendimiento Bicentenario, es el acta de nacimiento del inicio de operaciones de una nueva etapa entre México y Estados Unidos», expresó el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al comienzo de una reunión de trabajo con el Gobierno estadounidense en la Cancillería mexicana.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en el país, Ken Salazar, subrayó que se trata de un «momento transformativo entre Estados Unidos y México» basado en el «respeto mutuo».
Con este encuentro entró en vigor lo acordado el pasado 8 de octubre durante la visita a México del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, cuando se dio por enterrada la Iniciativa Mérida, la estrategia de seguridad vigente desde 2008.
«El acta de defunción de la Iniciativa Mérida ya se había extendido, hoy extendemos el acta de nacimiento del Entendimiento Bicentenario. Día uno de este Entendimiento», subrayó Ebrard.
COMIENZAN LOS TRABAJOS
El Entendimiento Bicentenario, llamado así porque en 2022 se cumplen los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, es un acuerdo de cooperación con un enfoque integral para combatir las causas de la violencia.
Los Gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden quieren con eso abordar asuntos como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y atender las adicciones a las drogas con un enfoque de salud pública.
Con su puesta en marcha, se instalarán mesas de trabajo para reducir la violencia, para prevenir los crímenes transfronterizos, para abordar cuestiones de Defensa y Marina y para la cooperación entre ambos países.
La secretaria mexicana de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, dijo que el objetivo del nuevo plan es combatir la violencia, la impunidad, la corrupción, el tráfico ilegal de armas y de drogas, y la trata de personas.
Y afirmó que solo si están «unidos» México y Estados Unidos podrán desmantelar estas redes y conseguir condenas más largas contra sus integrantes.
Mientras que el embajador estadounidense subrayó la necesidad de emprender acciones rápidas y concretas, como se hizo al instalar un Grupo de Acción Inmediata (GAI) para perseguir la red de tráfico de personas responsable del accidente vial del pasado viernes en el que murieron al menos 55 migrantes hacinados en un camión en el suroriental estado mexicano de Chiapas.
«No podemos tener el lujo de estar viendo muchos papeles y estudiar las cosas para el 2023. Lo tenemos que hacer ahora, son acciones inmediatas», dijo el embajador.
Por parte de México, hubo representantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mientras que de la parte estadounidense estaban agregados del Buró Federal de Investigación (FBI, en inglés), de la agencia antidrogas (DEA, en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
FIN DE LA INICIATIVA MÉRIDA Y LA DESCONFIANZA
El nuevo plan reemplaza a la Iniciativa Mérida, estrategia de 2008 basada en un enfoque militar que impulsaron los entonces presidentes George W. Bush (2001-2009) y Felipe Calderón (2006-2012) para contrarrestar la violencia derivada del narcotráfico.
Desde 2008 hasta 2020, Estados Unidos asignó más de 3.200 millones de dólares en equipo, capacitación y apoyo al desarrollo de capacidades a través de la iniciativa.
Pero este plan fue criticado por su excesivo énfasis en las operaciones militares y en la persecución de capos del narco, lo cual no ha conseguido reducir la violencia en México, país que vivió en 2019 y 2020 los dos años con más homicidios de su historia.
Además, prevalecía una gran desconfianza por parte de EE.UU. hacia las capacidades y voluntades de las autoridades mexicanas para perseguir y enjuiciar a los delincuentes.
Por ejemplo, Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el Gobierno de Calderón,, está hoy preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, mientras que el secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, fue capturado por el mismo motivo en Los Ángeles, si bien acabó siendo exonerado.
«La demanda de mayor seguridad exigida por nuestros pueblos solo puede atenderse a través de este acercamiento basado en la confianza mutua, porque con el puño cerrado no se pude intercambiar un apretón de manos», reivindicó la secretaria de Seguridad.
