Ciudad de Panamá, 20 nov (EFE).- Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, expresó este lunes su «voluntad de abrir nuevos espacios de diálogo» en medio de la crisis nacional por el rechazo a su operación en un gran yacimiento de cobre, que podría «suspender temporalmente la producción» esta semana.
Estas nuevas vías de diálogo permitirían «abordar las preocupaciones de los diversos sectores de la sociedad, a fin de crear relaciones duraderas basadas en el respeto, la cordialidad, el entendimiento y el mutuo beneficio», dijo la empresa en un comunicado.
Este lunes, al inicio de la quinta semana de crisis, pequeños grupos sindicales, indígenas y estudiantiles mantenían bloqueos en varios vías nacionales y urbanas, en el marco de un llamado a paro nacional, el segundo en menos de una semana, que no ha recibido el respaldo de la población, que ha salido a sus trabajos.
Estas acciones son un rechazo al contrato ley aprobado el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo que renovó por 20 años prorrogables la concesión a Minera Panamá para la explotación de la mina Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica.
La obstrucción de vías han roto la cadena de suministros nacional y generan escasez de alimentos frescos y combustibles especialmente en el norte del país, y también está afectando a la mina por un bloqueo naval en su puerto, que es «el sitio de desembarque de materiales e insumos que se emplean para la operación» minera.
Minera Panamá dijo la semana pasada que estos «bloqueos ilegales por parte de pequeñas embarcaciones» le obligaron a reducir sus operaciones en un tren de procesamiento de mineral, como reiteró este lunes, agregando que «espera quedarse sin suministros para la planta de generación de energía aproximadamente a mediados de la semana que comienza» este lunes.
«Si las acciones ilegales continúan impidiendo los suministros necesarios para operar la planta de energía, la empresa reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y suspenderá temporalmente la producción».
El cese de operaciones supondría una afectación a la «contribución económica general de la mina al Estado» estimada «en más de 50 millones de dólares por semana» lo que equivale a «alrededor del 5 % del producto interno bruto (PIB), sostuvo Minera Panamá.
La crisis comenzó el pasado 23 de octubre y generó las mayores manifestaciones públicas en décadas en Panamá, nutridas especialmente por jóvenes, que proclaman que la mina está situada en un sector del Corredor Biológico Mesoamericano y produce daños al ambiente, además de denunciar los términos leoninos del nuevo contrato ley en detrimento de los intereses del Estado.
En los bloqueos han muerto cuatro personas, mientras que las pérdidas económicas son de al menos 1.700 millones de dólares según las patronales.
El Gobierno de Laurentino Cortizo sostienen que el nuevo contrato ley multiplica por 10 los aportes al fisco y establece mejores mecanismos para la vigilancia medioambiental en comparación con el anterior, que fue declarado inconstitucional en el 2017 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un fallo que respondió a una acción en ese sentido interpuesta en el 2009.
Activistas mantienen un campamento a las afueras de la Corte Suprema para presionar una pronta resolución de los recursos de inconstitucionalidad ya interpuestos contra el nuevo contrato, una vía que los sindicatos no aceptan, pues piden la derogatoria del mismo aunque el Parlamento lo ha descartado, y por eso permanecen en bloqueando las calles.
La Corte anunció que el próximo viernes instalará una sesión permanente para decidir sobre dos de los hasta ahora 10 recursos de inconstitucionalidad admitidos.
