Ciudad de México, 14 dic (EFE).- Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México suspendió parcialmente este martes el acuerdo del Ejecutivo que cataloga las obras de infraestructura del Gobierno como asuntos de interés público y de seguridad nacional y que puede blindar la información al respecto.
La decisión vino tras admitir a trámite un recurso constitucional interpuesto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que el pasado miércoles, tras un análisis realizado, advirtió que el acuerdo «transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad».
«Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto», señaló el acuerdo emitido por el Supremo de México y que fue publicado por varios medios.
«Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México», agregó.
El 8 de diciembre, el órgano de transparencia mexicano presentó un recurso constitucional ante el Supremo de México contra el acuerdo del Ejecutivo.
El comisionado Oscar Guerra dijo que en el acuerdo «se observa una posible afectación a este derecho» respecto de autorizaciones, dictámenes, permisos, licencias, licitaciones públicas y disposición de recursos.
Todos relacionados con los proyectos y obras del Gobierno de México, entre ellos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, que podrían ser considerados como de interés público y seguridad nacional.
El 22 de noviembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), apareció un acuerdo «en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional».
Con ese decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que busca agilizar el desarrollo y evitar que los megaproyectos que se construyen en su Administración sean frenados mediante recursos judiciales como los amparos.
El acuerdo fue tachado por la oposición de incentivar la opacidad, mientras que el Inai anunció que analizaba si el acuerdo «vulneraba el derecho de acceso a la información».
El organismo señaló que al calificarse como de seguridad nacional a las obras y proyectos del Gobierno, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal «pueden llegar a reservar» la información relacionada con estos.
En ese sentido, López Obrador defendió la medida y aseguró que solo sirve para «agilizar trámites» y que no se detengan las obras y no para evitar rendición de cuentas.
