Buenos Aires, 26 ago (EFE).- La calificadora de riesgo Moody’s advirtió este miércoles del impacto negativo que implicará para las empresas de telecomunicaciones un reciente decreto gubernamental que declara públicos los servicios de este sector y congela sus tarifas.
La firma dijo en un informe que la congelación de las tarifas es negativa desde el punto de vista crediticio para la industria argentina de telecomunicaciones «en general».
La agencia hizo esta advertencia en un informe donde habla en particular de Telecom Argentina, una de las mayores empresas de telecomunicaciones del país suramericano y cuyo perfil crediticio es calificado por Moody’s.
El viernes pasado, el presidente argentino, Alberto Fernández, firmó un decreto de necesidad y urgencia por el que se declaró a la telefonía móvil y fija, a los servicios de internet y a la TV de pago como un servicio público y esencial.
Además, se congelaron hasta el 31 de diciembre próximo las tarifas de los servicios telefónicos, de internet y de la televisión paga.
Por ese decreto, tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado.
«Las condiciones económicas limitarán las perspectivas de crecimiento para las empresas de telecomunicaciones locales, que no tendrán capacidad para aumentar las tarifas y trasladar los aumentos de costos durante el resto de 2020», observó Moody’s.
La calificadora recordó que las empresas del sector habían anunciado incrementos de tarifas del 10 % que entraría en vigor a inicios de septiembre y que, con una tasa de inflación cercana al 45 % este año, la congelación de las tarifas dificultará que las compañías puedan mantener sus niveles de rentabilidad.
Telecom Argentina, cuyas acciones se cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, notificó este miércoles a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) de los alcances del decreto y anticipó que «analiza con sus asesores las repercusiones de la medida sobre sus actividades» y que «tomará los recaudos adecuados para proteger sus intereses y los de sus inversores y demás personas con intereses en la sociedad».