Quito, 13 sep (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) solicitó este miércoles a la Corte Constitucional del país que postergue la audiencia sobre el Decreto 754, promovido por el Gobierno para agilizar las consultas ambientales en territorios indígenas donde se buscan realizar proyectos extractivos de hidrocarburos y de minería.
El Decreto 754 se encuentra actualmente suspendido de forma cautelar por la Corte Constitucional tras aceptar a trámite la demanda presentada por la Conaie, que argumenta que cualquier modificación relativa a derechos humanos y fundamentales como las consultas previas a pueblos indígenas debe hacerse mediante una ley consensuada.
En ese sentido, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, presentó este miércoles ante la sede de la Corte Constitucional la solicitud para retrasar la audiencia, convocada para el próximo 18 de septiembre, y para que esta se celebre de manera presencial en algunas de las zonas afectadas por el Decreto 754.
Iza recordó el precedente de caso Sinangoe, donde los magistrados «fueron a territorio y evidenciaron los problemas reales» del pueblo indígena A’i Cofán sobre una serie de concesiones mineras de las que denunciaban que habían sido otorgadas sin celebrarse con ellos una consulta previa, libre e informada.
«De la misma manera pedimos que lleguen a un territorio que tienen conflictos por este tema», comentó Iza.
El líder indígena propuso que la audiencia pueda celebrarse en las provincias andinas de Cotopaxi, Bolívar o Azuay, donde existen algunos de los proyectos de minería a gran escala a los que se aplicaría el Decreto 754.
En Cotopaxi y Bolívar es donde recientemente hubo protestas, incidentes y enfrentamientos entre grupos antimineros y la Policía y militares, desplegados en el lugar en el marco de la celebración de las consultas bajo las disposiciones del decreto en litigio para los proyectos mineros La Plata y Curipamba.
Sobre el proyecto minero Curipamba, la Fiscalía anunció este miércoles que un juez abrió juicio contra seis personas acusadas de presunta asociación ilícita y de haber causado daños a la empresa minera Curimining.
La Fiscalía indicó que un parte policial refirió que los hoy enjuiciados «estarían realizando reuniones y acciones ilegales contra la propiedad privada, como presuntos defensores del agua, en las que rechazan las actividades mineras de la compañía Curimining».
«Según la investigación, los hoy llamados a juicio lideraban la destrucción de Unidades de Policía Comunitaria y agresiones a funcionarios de la compañía, con el fin de desalojarlos del lugar. Además de constantes llamados a manifestaciones, obstrucción de vías públicas entre otras actividades ilícitas», apuntó el Ministerio Público.
Para Iza, «el Gobierno nacional pretende confundir con otros hechos y temas legales» y tratar presuntamente de imputar otros delitos cuando «es una lucha por la defensa de territorio, el agua y la vida», según dijo.
La consulta ambiental consiste en difundir e informar sobre los detalles de los proyectos de extracción de recursos naturales o de actividad con impacto ambiental entre la población de las comunidades dentro del área de influencia del mismo proyecto.
