Quito, 23 sep (EFE).- El Municipio de la ciudad de Cuenca, en el sur andino de Ecuador, anunció este miércoles que iniciará la preparación de una consulta popular contra las actividades mineras en varia zonas de la jurisdicción, donde la urbe se nutre de agua.
Así lo precisó Xavier Barrera, concejal de Cuenca, al precisar que la consulta popular en su ciudad se realizará de forma paralela a los comicios presidenciales y legislativos del próximo 7 de febrero.
Barrera explicó que el plebiscito será posible después de que la Corte Constitucional, la mayor instancia de control legal del país, diera luz verde a la consulta sobre la prohibición de la minería en varias zonas del municipio cuencano.
Con ese fallo, las autoridades de Cuenca, que es la capital de la provincia de Azuay, deberán coordinar con el Consejo Nacional Electoral (CNE) la celebración de la consulta, agregó el edil.
«El dictamen a favor fue el primer paso, ahora debemos coordinar con el CNE para que el 7 de febrero los cuencanos podamos asistir a las urnas y manifestar nuestra voluntad libre y democrática», refirió Barrera.
Remarcó que la consulta popular es una iniciativa ciudadana que busca prohibir la explotación minera en concesiones ubicadas en zonas de recarga hídrica de los principales ríos que nutren a Cuenca.
El pasado viernes la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable a las cinco preguntas planteadas por el Cabildo de Cuenca para que la población decida, a través de una consulta popular, si acepta o no que haya minería metálica en los ámbitos de los ríos Tarqui, Tomebamba, Machángara, Yanuncay y Norcay, vertientes que abastecen de agua a todo el cantón.
«La resolución de la Corte Constitucional marca un hito histórico no solo para Cuenca sino para todo el país», añadió Barrera.
Sin embargo, la Corte estableció algunas condiciones para el proceso, entre ellas, que los efectos de la consulta popular, de lograr un pronunciamiento afirmativo, «serán únicamente hacia el futuro».
Actualmente en Cuenca existen dos proyectos mineros, «Río Blanco» con capitales de Hong Kong, y «Loma Larga» a cargo de la empresa canadiense INV Metals.
La firma canadiense emitió un comunicado el pasado lunes en el que aseguraba que la decisión de la Corte Constitucional no tiene efecto retroactivo y que sólo podría ser aplicada a nuevos proyectos, por lo que sus actividades extractivas seguirán.
INV Metals también recordó que otra de las condiciones del fallo es que se deberá incluir como anexo el mapa de coordenadas de las zonas de recarga hídrica, que ya fue elaborado por el Municipio.
No obstante, el mapa definitivo deberá ser elaborado por la gubernamental Autoridad Única del Agua en caso de que gane el «sí» en la consulta popular, según se desprende del fallo constitucional.
