Managua, 29 ene (EFE).- El Gobierno de Nicaragua emitió este viernes el reglamento de la controversial Ley de Ciberdelitos, aprobada en octubre pasado, en el que ordena guardar durante un año todos los datos e información que se generen en los servicios de telecomunicación del país centroamericano.
La «Normativa para la preservación de datos e información», divulgada en La Gaceta, diario oficial, establece «la obligación de los operadores autorizados por Telcor (Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, ente regulador), de preservar datos e informaciones generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de telecomunicaciones».
Defensores de los derechos humanos y líderes de movimientos opositores han advertido que la Ley de Ciberdelitos es una especie de «Ley Mordaza», ya que castiga hasta con diez años de prisión a cualquier persona que comparta información u opine sobre un tema que el Gobierno considere como una amenaza.
Según la normativa, el objetivo es «prevenir, investigar, perseguir y sancionar, la comisión de los delitos establecidos en la Ley Especial de Ciberdelitos».
El reglamento obliga a los prestadores de servicios de telefonía, internet fija y móvil, repetidoras comunitarias y enlaces troncalizados, a «preservar datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de una comunicación», así como la hora, y fecha, incluyendo los números involucrados, identidades y dirección física de los interlocutores, sus protocolo de internet (IP), correo electrónico, protocolo de comunicación, y número de puerto.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA
También ordena guardar «la identidad internacional del abonado y del equipo móvil de quien realiza la llamada, la línea digital u otro punto terminal identificador del autor de la comunicación, y el MAC (Media Access Control) del equipo», además del identificador de celda y localización geográfica de la misma.
Adicionalmente, las empresas operadoras deben «mantener actualizados» los datos de cada usuario prepago «por su nombre completo, nacionalidad, dirección de usuario, número y tipo de documento de identidad, así como el código o número de la línea asignada».
Según la normativa, los datos deben ser preservados durante 12 meses después de que se establezca la comunicación, para ser entregados a la Policía Nacional y el Ministerio Público, en caso de que lo soliciten.
La legislación ha sido criticada por los opositores y los defensores de derechos humanos, quienes consideran que, además de establecer un espionaje abierto a la población nicaragüense, penaliza la libertad de expresión y de prensa, al regular conversaciones privadas y publicaciones en medios de comunicación digitales.
Según sus críticos, la Ley de Ciberdelitos es parte del llamado «paquete de leyes represivas», que incluye la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, además del establecimiento de la cadena perpetua, y una reforma legal para que las personas permanezcan en prisión hasta por tres meses sin ir a juicio.
El «paquete» en su conjunto, que aplica a personas naturales y jurídicas, limita la organización de movimientos ciudadanos u ONGs, evita su financiamiento desde el exterior, impide candidaturas a la Presidencia u otros cargos de elección popular, y garantizan largos períodos de cárcel sin necesidad de que haya un juicio.
Las mismas han sido promulgadas en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega busca extender un dominio político sobre Nicaragua que estableció con la revolución sandinista de 1979.
