Ciudad de Panamá, 13 dic (EFE).- Tras más de un año de discusiones, las negociaciones de un nuevo contrato para la explotación de un gran yacimiento de cobre entre Panamá y una minera canadiense se acercan a la fecha límite del miércoles, establecida por el Gobierno, que alertó que tomará «medidas alternas» para la operación de la mina si no se llega a un acuerdo.
El escenario once meses después de pactar la negociación y firma de un nuevo acuerdo es de «incertidumbre» para algunos, luego del golpe dado en la mesa por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) al anunciar la semana pasada de la posible aplicación de otras alternativas de no producirse la rúbrica.
Así el sector privado y empresarial del país ha expresado su temor que se aniquile la actividad minera, por el «giro errático» de las negociaciones entre el Gobierno y la minera.
El 14 de noviembre de este año, el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, había planteado ya su aspiración de firmar «a más tardar» este miércoles el nuevo convenio de la mina de cobre propiedad de una filial de la canadiense First Quantum Minerals.
La mina a cielo abierto Cobre Panamá, una de las más grandes de Latinoamérica, pertenece a la empresa Minera Panamá.
Esa fue la «hoja de ruta» establecida por el Gobierno para la conclusión de este asunto del contrato para la mina de Cobre Panamá, destacó en esa ocasión el titular del MICI, Federico Alfaro, tras una reunión con representantes de First Quantum Minerals y Minera Panamá.
Alfaro reconoció que a pesar de que se acordaron en enero los términos del nuevo ajuste, los siguientes diez meses de discusión de redacción «no han resultado en la firma de un contrato».
En razón de ello, el Gobierno dijo el viernes pasado que las negociaciones con la empresa Minera Panamá para el nuevo contrato se encuentran estancadas, y que aplicará «medidas alternas» para su operación en caso de no llegarse a firmar el pacto.
El abogado panameño Ernesto Cedeño dijo a EFE que en todo este asunto «hay una incertidumbre», ya que el Gobierno anunció en un inicio que había un acuerdo y que se iba a dar «una especie de distribución de beneficios» producto de ello, y «ahora la empresa ha manifestado que no hay acuerdo».
LOS TÉRMINOS DEL NUEVO CONTRATO
El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo comenzó a negociar el nuevo contrato ley en septiembre de 2021 y en enero pasado anunció un acuerdo con Minera Panamá.
Los términos de este convenio incluían elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías y la garantía de un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, «10 veces más» de lo que ha aportado la empresa anteriormente, propuesta que en principio fue aceptada por Minera Panamá.
Además del ingreso mínimo y el alza de las regalías, el Estado panameño también estableció en su oferta a la minera el pago del impuesto sobre la renta (ISLR) con una tasa del 25 %, y la retención del impuesto para los pagos por intereses bancarios y de dividendos.
El nuevo convenio debe pasar por una consulta pública, el refrendo de la Contraloría General y la aprobación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
PROPUESTA DE LA EMPRESA
Minera Panamá aseguró este lunes que está comprometida «con una alianza duradera con el Gobierno de Panamá» y que espera «que las negociaciones puedan llegar a buen término de forma oportuna y satisfactoria, en una atmósfera de entendimiento y respeto mutuo», tras presentar una propuesta de contrato que beneficia a «ambas partes».
Esta propuesta «cumple con los objetivos de ingresos del Gobierno, al tiempo que proporciona las protecciones necesarias para asegurar el futuro a largo plazo de la mina, en beneficio de ambas partes y de los panameños», dijo Minera Panamá en un comunicado.
El diario La Prensa informó este domingo que Minera Panamá ha dicho que necesita protecciones especiales en caso de que el precio del cobre disminuya en los mercados internacionales, como ha ocurrido a lo largo de este año.
Ubicada en el distrito de Donoso, provincia caribeña de Colón, la mina Cobre Panamá es la «inversión privada más grande del país», con unos 6.700 millones de dólares, destacó el Gobierno.
Comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019, luego de que en 2018 el Supremo declarara inconstitucional una ley de 1997 que avaló la concesión, dada primeramente a la ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá.
Keith Green, el gerente general de la mina, dijo a EFE el martes pasado que «el contrato se prolongó en el año 2017, así que el contrato está vigente hasta el año 2037, a pesar del tema de la inconstitucionalidad. Es totalmente legal la extracción de mineral, pagamos regalías por la extracción del mineral», afirmó Green.
