Río de Janeiro, 3 oct (EFE).- Las telefónicas Vivo (Telefónica), Claro y TIM, las tres mayores de Brasil, presentaron este lunes una solicitud de arbitraje para intentar recuperar parte de lo que pagaron para comprar la red móvil de su rival Oi.
Las tres operadoras consideran que los activos adquiridos estaban superdimensionados, por lo que pidieron un descuento de 3.186,9 millones de reales (unos 612,9 millones de dólares) en el valor de la operación, la quinta parte de lo pactado, pero Oi rechazó esa posibilidad.
La Oi, mayor operadora de telefonía fija de Brasil y en concurso de acreedores desde 2016, vendió en diciembre de 2020 sus activos en telefonía móvil por 16.500 millones de reales (unos 3.173 millones de dólares) a las subsidiarias brasileñas de la española Telefónica (Vivo), la mexicana América Móvil (Claro) y Telecom Italia (TIM).
La millonaria operación que implicó el reparto de 40 millones de clientes (el 16 % del mercado) fue concluida en abril pasado tras la aprobación de los órganos reguladores.
Oi considera la aprobación de la venta de sus activos móviles vital para su supervivencia y para el éxito del proceso de reestructuración que acordó con la Justicia para reducir sus deudas, que en la época sumaban casi 30.000 millones de reales (5.770 millones de dólares).
En memorandos enviados al juzgado responsable por la reestructuración, los compradores concluyeron que los activos estaban superdimensionados, según comprobaron en nuevos cálculos realizados tras el cierre de la operación.
Los compradores pagaron en abril la mayor parte de lo acordado por el negocio pero retuvieron 1.447 millones de reales (unos 278,3 millones de dólares) a la espera del llamado ajuste poscompra.
Tras sus nuevos cálculos, informaron a Oi que se quedarían con los valores ya retenidos y que esperaban una devolución adicional de unos 1.739 millones de reales (unos 334,4 millones de dólares) por considerar el valor acordado muy superior al precio real.
Sobre el ajuste pretendido por las compradoras, Oi alegó que los cálculos de los compradores sobre el valor de los activos tienen «errores técnicos y de procedimiento, así como equívocos en la metodología, en los criterios, en las premisas y en abordaje».
Por ese motivo acudió a la Justicia la semana pasada para, sin intermediación arbitral, obligar a los compradores a liberar el dinero que retuvieron y pagar lo que está faltando.
