Panamá, 31 ago (EFE).- La Fiscalía de Panamá pidió mediante asistencias judiciales a España, Suiza, Costa Rica y Países Bajos información sobre cuentas bancarias y declaraciones de un extrabajador de FCC, en el marco de la investigación a este empresa por el presunto pago de sobornos en un proyecto vial de la capital panameña.
Se trata de la obra Vía Brasil Tramo II, que se adjudicó en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) por 174,5 millones de dólares pero concluyó con un costo de 216,2 millones de dólares, de acuerdo con datos del expediente filtrados a la prensa local.
La Fiscalía Especial Anticorrupción investiga un supuesto sobrecosto de 41,7 millones de dólares y el pago de coimas millonarias en esta obra, que junto a la Vía Brasil Tramo I y las líneas 1 y 2 del Metro de la capital son objetos de pesquisas en Panamá.
En la asistencia judicial girada a España la fiscalía especial, a cargo de la fiscal Ruth Morcillo, pidió a los descargos de un extrabajador de FCC que ha sido vinculado al proceso, publicó este lunes el diario La Prensa.
Mientras que las otras asistencias judiciales giradas a Suiza (2), Costa Rica y Países Bajos, se solicita información de cuentas bancarias de «sociedades constituidas para blanquear dinero», de acuerdo con la información periodística.
Por este caso se ha imputado a 14 personas por delitos «contra la administración pública (peculado y corrupción) y blanqueo de capitales», la primera de ella dictada el 29 de octubre de 2018, informó en octubre pasado la Fiscalía.
Ya entonces la fiscalía daba cuenta de que había pedido cuatro asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica y Países Bajos y que esperaba las respuestas.
La constructora española, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim desde 2016, es investigada en España por el pago de sobornos para obtener los contratos del Metro de Panamá, cuya línea 1 y 2 que construyó junto a Odebrecht, y una obra hospitalaria aún en construcción.
Una fuente judicial le dijo a Efe que el juzgado Central de España ha pedido a Panamá una asistencia judicial en la que, según el diario panameño La Estrella, se pide a la Fiscalía que tome declaración jurada a varios exfuncionarios, entre ellos el antiguo director del Seguro Social panameño Guillermo Sáez-Llorens; al exjefe de Operaciones del Ministerio de Obras Públicas Jorge Ruiz y al exministro de esa cartera Federico Suárez.
En España FCC no rechazado la existencia de corrupción en la adjudicación de las obras investigadas, pero se considera víctima (fue la que denunció los pagos de comisiones ante la Fiscalía española) y responsabilizaba de ello al entramado de sociedades del abogado Mauricio Cort, supuesto testaferro del expresidente Martinelli.
Ese entramado supuestamente «encubrió acuerdos para abonar pagos por presuntas corrupciones, para asegurarse la adjudicación de importantes contratos de infraestructura que se licitaban por los Gobiernos de Panamá, Salvador, Costa Rica y Nicaragua», cita textualmente el auto de imputación español.
La fiscal Morcillo dijo la semana pasada que Panamá y España desarrollan «investigaciones en común, muy complejas» sobre FCC, y que en el país centroamericano las pesquisas oficiales se han abierto en torno a los proyectos Línea 1 y Línea 2 del Metro, la construcción de la vía Brasil tramo 1 y 2 y de la vía Domingo Díaz, todas en la capital.
