Managua, 9 jun (EFE).- La principal patronal de Nicaragua aplaudió este jueves un pronunciamiento de los familiares de 70 de los 183 «presos políticos» que pidieron al Gobierno de Daniel Ortega y a las «fuerzas vivas» del país celebrar un nuevo diálogo nacional.
«Aplaudimos el pronunciamiento de los familiares de presos políticos», divulgado el martes pasado, en el que solicitan a «los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a la Iglesia para que, mediante un encuentro constructivo, se forjen las bases necesarias para el bienestar común, así como su liberación», señaló el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en una declaración.
Entre los 183 prisioneros calificados como «políticos» por los organismos humanitarios se encuentran los empresarios nicaragüenses Michael Healy y Álvaro Vargas, arrestados cuando presidían el Cosep y que fueron condenados en marzo pasado a 13 años y 9 años de prisión, respectivamente, por delitos considerados como «traición a la patria».
También están en prisión el empresario José Adán Aguerri, que dirigió el Cosep durante 13 años; el presidente ejecutivo del Banco de la Producción del grupo financiero Promerica, Luis Rivas; el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro; y el aspirante a candidato a la presidencia de la oposición Juan Sebastián Chamorro García, todos miembros de la patronal.
Healy, Vargas, Aguerri y Chamorro García también pertenecen a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte de una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.
El Gobierno de Ortega no ha se pronunciado sobre la propuesta de los familiares de los denominados «presos políticos», que ha recibido el respaldo de la patronal y organizaciones opositoras.
ORTEGA HA TILDADO A OPOSITORES DE «TRAIDORES A LA PATRIA»
En enero pasado, el Consejo Directivo del Cosep resolvió «por unanimidad considerar el diálogo como el único instrumento» para que los nicaragüenses encuentren «el camino hacia la reunificación de la familia» y superar la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018.
El Cosep antes de abril de 2018 mantenía una alianza de consenso con el Gobierno sandinista y sus sindicatos.
Los dirigentes empresariales fueron detenidos por la Policía Nacional en medio de una ola de arrestos ante las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, que llevaron a la cárcel a más de 60 líderes opositores, estudiantiles, campesinos, periodistas y profesionales independientes, incluyendo a siete disidentes que aspiraban a competir por la Presidencia.
De los 68 nicaragüenses detenidos durante 2021, principalmente entre mayo y noviembre pasados, al menos 57 han sido condenados a penas entre 7 y 13 años de cárcel, incluido los dirigentes empresariales.
El Estado nicaragüense, controlado por los sandinistas, ha atribuido a estas personas cargos relacionados con «traición a la patria» o delitos económicos como lavado de dinero, así como de otra índole, que son negados tanto por los afectados como por sus familiares.
Ortega ha tildado a los opositores encarcelados, juzgados y condenados de «traidores a la patria», «criminales» e «hijos de perra de los imperialistas yanquis».
