Lima, 23 jul (EFE).- La tensión ha vuelto a la provincia andina de Espinar, en el región sureña peruana de Cusco, con una serie de enfrentamientos entre la Policía y varias comunidades campesinas que reclaman a la minera suiza Glencore el pago de 1.000 soles (unos 284 dólares) por persona como ayuda ante la crisis de la COVID-19.
En los últimos dos días, los manifestantes han intentado entrar a las instalaciones de la mina de cobre Antapaccay, ubicada a unos 4.100 metros de altitud, que ha pasado a estar fuertemente resguardada por la Policía.
En esas acciones quemaron un sistema de bombeo de agua y malograron el sistema que vigila una presa de residuos de la mina, lo que significa «una grave amenaza de índole ambiental», según advirtió la empresa en un comunicado.
Estos episodios, que se presentaron mientras se producía un diálogo entre representantes de las autoridades locales y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), llevaron a que se rompiesen las conversaciones entre las partes.
DIÁLOGO ROTO
La PCM insistió este jueves en un comunicado que no retomará las negociaciones hasta que cese la violencia en la zona, algo que aparentemente han aceptado las autoridades locales tras una reunión con representantes de la Iglesia Católica, que se han ofrecido a mediar con el Estado.
Días atrás, estos grupos habían bloqueado la carretera por la que se transportan los minerales de varias grandes minas situadas en el sur de los Andes peruanos y quemaron un camión y una unidad móvil que transportaban carga de la mina Las Bambas, explotada en la vecina región de Apurímac por la minera australiano-china MMG.
Las protestas exigen el pago en efectivo a cada habitante de Espinar del 3 % de las utilidades netas de la empresa, una cantidad que la compañía transfiere anualmente del Comité de Gestión del Convenio Marco entre la minera y las autoridades provinciales para que sea invertido principalmente en obras y proyectos públicos.
Glencore se escuda en que este convenio no contempla el pago directo de dinero a la población, como exigen los promotores de las manifestaciones para que cada uno de los 50.000 habitantes de la provincia de Espinar reciba unos 1.000 soles.
PROPUESTAS ALTERNATIVAS
La empresa afirmó que ha propuesto fórmulas alternativas, entre ellas un plan llamado Reactiva Espinar, que contempla la entrega de alimentos a familias vulnerables, fortalecimiento de comedores populares, créditos sin intereses para emprendedores y microempresas, internet gratuito para toda la provincia y empleo en proyectos de obras por impuestos.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenó en un comunicado los actos de violencia en Espinar y los atribuyó a «una escalada promovida desde hace varios años por grupos antimineros con el propósito de sabotear el desarrollo de minas ubicadas en el corredor minero del sur».
Asimismo, la SNMPE recordó que Espinar es la provincia de la región sureña de Cusco que más se beneficia del canon y las regalías que pagan las mineras, al haber recibido 458 millones de soles (130 millones de dólares) en los últimos 10 años. El año pasado obtuvo 68 millones de soles (unos 19,3 millones de dólares).
«De haber sido correctamente invertidos, hubieran permitido cerrar las grandes brechas sociales», afirmó el gremio empresarial.
TRÁGICOS PRECEDENTES
Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, el Gobierno de Perú ha brindado ayudas sociales a familias de bajos recursos, como un bono para hogares bajo el umbral de la pobreza, el retiro de hasta el 25 % de los fondos privados de pensiones y de 2.400 soles (682 dólares) de las cuentas de compensación por tiempo de servicios (CTS).
La mina Antapaccay funciona desde noviembre de 2012 tras una inversión de unos 1.500 millones de dólares para la construcción de sus instalaciones.
Antes de su puesta en marcha, durante ese año ya hubo un paro provincial indefinido contra la mina, que desencadenó en violentos altercados que dejaron 4 muertos y 84 heridos, entre ellos 76 policías.
