San José, 6 oct (EFE).- El Gobierno de Costa Rica aseguró este martes que hay presencia del crimen organizado en las protestas que desde el pasado 30 de septiembre llevan a cabo grupos sociales para oponerse a una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares.
«Hemos visto participación directa de grupos criminales locales, grupos de crimen organizado y distribucion de droga local involucrados en las manifestaciones», aseguró el ministro de Seguridad, Michael Soto, en declaraciones enviadas a la prensa.
El funcionario aseguró que estos grupos criminales se han enfrentado a la Policía en los últimos días, principalmente en la noche en las provincias de Limón (Caribe) y Puntarenas (Pacífico) y en Sarapiquí (Heredia, norte).
Soto informó que hasta el momento se ha detenido a 27 personas sospechosas de participar en actos delictivos y detalló algunos hechos de violencia que han ocurrido como agresiones a policías, la quema de dos camiones y un vehículos de la Policía de Tránsito, así como un ataque a un delegación policial en Sarapiquí y el cobro de peajes a las personas para dejarlas pasar por los bloqueos de carreteras.
Además, se han contabilizado una veintena de policías heridos, pero sin lesiones de gravedad.
Soto comentó que no cree que estos actos violentos hayan sido ordenados por los líderes de las protestas y afirmó que a estas personas se les «salió de control» el movimiento.
El ministro anunció que la Fuerza Pública seguirá trabajando para evitar actos delictivos y también señaló que circulan muchas informaciones falsas en redes sociales acerca de la presencia de policías y militares extranjeros en el país.
Uno de los líderes del llamado Movimiento Rescate Nacional, el excandidato presidencial y exdiputado José Miguel Corrales, aseguró que las protestas son pacíficas y dijo que sí se han infiltrado grupos narcotraficantes, pero responsabilizó al Gobierno de la violencia.
Esta agrupación envió el lunes un pliego con 15 condiciones para sentarse a negociar con el Gobierno y deponer los bloqueos, pero las autoridades no le han respondido.
El presidente Carlos Alvarado inició este martes una serie de jornadas de diálogo con sectores productivos y de la sociedad civil, pero no ha convocado al grupo que está bloqueando carreteras.
Este martes se contabilizaron cerca de 50 puntos bloqueados en carreteras estratégicas de todo el país, en los que, según datos del Gobierno, participaban unas 2.000 personas.
Las protestas comenzaron el pasado 30 de septiembre en rechazo a una propuesta presentada por el Gobierno a la opinión pública para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares que permita estabilizar las finanzas del Estado que se han deteriorado aún más con la pandemia de la COVID-19.
La propuesta además pretendía la creación nuevos impuestos y el aumento de otros, así como la venta de activos estatales.
Los partidos políticos de oposición rechazaron la propuesta, al igual que los sindicatos y grupos sociales, lo que, sumado a las protestas, obligaron el pasado domingo al presidente a desistir de impulsar esta iniciativa en un anuncio por cadena nacional de televisión.
Sin embargo, los manifestantes esperan que Alvarado firme un documento en el que se comprometa a no acudir al FMI durante lo que resta de su administración, como requisito para sentarse a dialogar y deponer los bloqueos de carreteras.
