Buenos Aires, 5 feb (EFE).- Siete provincias de Argentina buscan reestructurar deudas con acreedores privados por 8.918 millones de dólares, un proceso largo y tenso en el que se aliaron para coordinar estrategias ante inversores internacionales que en algunos casos ya avanzan con acciones legales.
Desde que Argentina iniciara en abril de 2020 arduas negociaciones con acreedores privados para reestructurar bonos de ley extranjera por 63.375 millones de dólares- que finalmente concluyeron con un canje en septiembre pasado-, doce de las 24 provincias argentinas han iniciado procesos con vistas a refinanciar bonos internacionales.
Cinco de ellas (Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Río Negro) ya concluyeron las tratativas con éxito y lograron reestructurar deudas por un total de 3.892,7 millones de dólares, pero otras siete aún no lo consiguieron.
En seis de estos casos (Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Salta y Tierra del Fuego) los Gobiernos provinciales han iniciado conversaciones con grupos de acreedores pero todavía no han formalizado una propuesta de reestructuración.
La única que tiene una oferta vigente es la provincia de Buenos Aires, el distrito más rico y poblado de Argentina, cuya deuda a refinanciar, por 7.148 millones de dólares, es la más voluminosa.
La propuesta de canje de la provincia de Buenos Aires fue lanzada en abril de 2020, pocos días después de que Argentina presentara la suya propia, y desde entonces fue varias veces prorrogada.
La más reciente extensión se anunció este lunes, pero no hubo mejoras en la oferta.
Y esto pese a que días antes el comité de acreedores de la provincia amenazara en un comunicado con iniciar acciones legales si el Ejecutivo bonaerense, que lidera el kirchnerista Axel Kicillof -ministro de Exconomía argentino durante la Presidencia de Cristina Fernández (2007-2015)-, no cambiaba su actitud de no dialogar con los bonistas y no sentir «la urgencia de resolver» el cese de pagos en el que cayó el distrito en mayo de 2020.
Los bonistas ya pasaron de las palabras a los hechos en el caso de la provincia de Entre Ríos, que, aún sin haber formalizado una oferta para reestructurar deudas por 500 millones de dólares, cayó en cese de pagos en agosto pasado, un «default» por el que un grupo mayoritario de acreedores le demandó el pasado 4 de enero en una corte de Nueva York.
Otras dos provincias, Chaco y La Rioja, también han incurrido en incumplimientos de pago.
UN ESCENARIO CRÍTICO
A la hora de plantear su necesidad de reestructurar deudas, casi todas las provincias han alegado estar en una situación financiera crítica, tras un bienio 2018-2019 de recesión económica que se ha profundizado drásticamente en 2020 por la pandemia de la covid-19.
La calificadora de riesgo Moddy’s dijo en un reciente informe que su perspectiva de este año para los Gobiernos regionales de Argentina sigue siendo negativa, debido a una liquidez limitada y continuas dificultades del entorno operativo, aún cuando espera que la economía argentina se recupere el 5,2 % tras tres años en recesión.
Moody’s advirtió que la capacidad de las provincias para cumplir con sus obligaciones futuras seguirá siendo limitada en 2021 y que el acotado acceso a financiación restringe incluso a futuro el pago de deudas ya reestructuradas.
Los acreedores no comparten en muchos casos esta visión. En el caso de Entre Ríos, por ejemplo, aseguran que la provincia tiene una «sólida solvencia financiera».
SEIS PROVINCIAS DE ALÍAN
Mientras que los comités de acreedores de las distintas provincias formaron una «coalición» en noviembre último para establecer ciertos «principios» comunes, el pasado viernes las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Tierra del Fuego decidieron avanzar en sus restauraciones de deuda de forma coordinada.
Estos Gobiernos provinciales cuentan con la asistencia del Ejecutivo nacional.
Salta, que no se ha unido al grupo y busca reestructurar bonos por 350 millones de dólares, anunció el viernes pasado que ha llegado a un principio de acuerdo con un grupo de acreedores por lo que espera lanzar en breve una oferta formal.
Según apuntó la firma de inversión Delphos en un reciente informe, las cinco provincias que ya refinanciaron su deuda parecen haber desatendido las recomendaciones del Ejecutivo nacional y cerraron acuerdos que implicaron menores pérdidas para los acreedores en comparación con las condiciones incluidas en el canje realizado por Argentina.
Para Delphos, «parecería que el camino que lleva hacia una reestructuración exitosa» es el de ofrecer a los inversores cupones de interés «considerablemente más altos que los correspondientes a los bonos soberanos».
