Bogotá, 4 dic (EFE).- La exigencia de una prueba negativa de covid-19 para permitir el ingreso de viajeros internacionales a Colombia tiene enfrentados al Ministerio de Salud, que eliminó hace un mes ese requisito, y a un juzgado de Bogotá, que ordenó a través de un fallo de tutela reanudar la medida.
La cartera de Salud eliminó esa condición al considerar los lineamientos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organzación Panamericana de la Salud (OPS), que recomendaron no depender de los test porque tienen un impacto limitado en el control de la propagación del virus.
Sin embargo, ciudadanos criticaron la medida y uno de ellos presentó una acción de tutela (recurso de amparo) para exigir que el resultado negativo de la prueba PCR volviera a ser requisito para ingresar a Colombia por vía aérea, petición que fue resuelta a favor por el juez 11 administrativo de oralidad del circuito de Bogotá.
«(El fallo) nos pone en una situación muy compleja porque sobrepone de alguna manera el derecho individual sobre los derechos colectivos, que es lo que prima en una condición como la que estamos atravesando de pandemia», manifestó este viernes el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
El jefe de la cartera cuestionó que el juez, de quien dijo no esgrimió razones epidemiológicas en su fallo, exigiera además un aislamiento obligatorio de 14 días para quienes lleguen del exterior.
«Eso nos llevaría a someter a cuarentena en diciembre a más de 120.000 personas, de las cuales 80.000 tendrían prueba negativa», aseguró Ruiz.
MINISTERIO NIEGA DESACATO
El ministro manifestó que «ante la imposibilidad» de cumplir el fallo «lo que procederá ahora será la radicación de la impugnación» del mismo.
Ante las críticas de quienes señalaron un presunto incidente de desacato a la orden judicial, Ruiz explicó que su despacho es respetuoso de las decisiones judiciales, al tiempo que precisó que parte del fallo limita la capacidad del ministerio como autoridad de la salud pública frente al ejercicio de la emergencia sanitaria.
«Un desacato es una actitud manifiesta de mala voluntad, de negligencia, buscar entorpecer o a conciencia engañar a la Justicia y esta no es nuestra situación. La nuestra es la imposibilidad desde el punto de vista sanitario y de defensa de la salud pública de este país de poder aplicar un fallo que nos genera una situación extrema frente a la política de salud pública», dijo el ministro.
El Gobierno nacional considera que la orden del juez no puede ser tenida en cuenta durante un tiempo indefinido porque tampoco tiene sentido limitar la actividad aérea, así como el derecho de la movilización de las personas.
PIDEN DIÁLOGO Y ADVIERTEN EFECTOS EN TURISMO
Ante la polémica, el procurador general, Fernando Carrillo, convocó al ministro de Salud a participar en un espacio de diálogo con el juez de Bogotá para exponer los aspectos técnicos que motivaron la objeción al fallo de tutela.
Carrillo señaló «que aunque se reconoce que las sentencias que conceden tutelas deben tener efectos inmediatos en los términos que lo disponga la decisión judicial, es necesario buscar un espacio que permita encontrar soluciones interinstitucionales que beneficien la salud de la población».
Por la controversia generada, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) manifestó su preocupación y aseguró que «el daño que genera la incertidumbre ocasionada por el fallo judicial (…) es enorme».
«Muchos viajeros ya están reconsiderando su decisión de viajar a Colombia por la inconsistencia que estamos proyectando a nivel internacional que, además, va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia sanitaria», advirtió la directora de la AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.
Por su parte, el Ministerio de Salud aclaró que los viajeros internacionales podrán seguir llegando a Colombia sin la prueba, tal y como lo estable la norma vigente.
