Tegucigalpa, 12 may (EFE).- Honduras deberá generar un espacio fiscal y reducir la deuda pública que ya arrastraba desde antes de la pandemia de covid-19 para enfrentar problemas sociales como la pobreza, dijo este miércoles a Efe en Tegucigalpa el economista hondureño Claudio Salgado.
El nuevo Gobierno que sea electo en noviembre en Honduras recibirá un país «en quiebra», por lo que tendrá que realizar un «ajuste fiscal» para poder responder a las necesidades de los diferentes sectores, con especial atención al sistema sanitario y los programas sociales, subrayó Salgado.
«El problema es sobre quién va a recaer este ajuste fiscal, sobre la gran mayoría de la población o contra los que han ganado sustancialmente en la pandemia», se preguntó el economista.
El nuevo gobernante que salga electo en las elecciones generales del 28 de noviembre heredará una crisis económica sin precedentes de la Administración de Juan Orlando Hernández, agregó.
«El próximo Gobierno lo único que va hacer es destinar todo su presupuesto al pago de sueldos y salarios y de la deuda, solo para eso va ajustar, por lo que no va poder hacerle frente a esa deuda social que existe», explicó.
Salgado señaló que el nuevo Gobierno recibirá un país «totalmente en calamidad», porque la Administración de Hernández «ha manejado dinero a manos llenas», pero «lo ha derrochado en gasto que no genera desarrollo».
ALTA DEUDA, REFLEJO DE LA CRISIS
Honduras necesita además «renegociar» la deuda externa con organismos multilaterales, no endeudarse más con bonos soberanos y contratar nuevos créditos en términos concesionales, es decir a 30 años plazo y una tasa de interés baja, añadió Salgado.
El economista indicó que una deuda externa e interna que globalmente ronda los 16.000 millones de dólares, que representa más del 60 % del producto interno bruto (PIB) y 1.684 dólares por habitante, puede resumir la magnitud de la crisis de Honduras.
«Lo ideal es que el endeudamiento no pase más allá del 40 % del PIB», enfatizó Salgado, quien dijo que la deuda hondureña «ha aumentado cinco veces» desde 2010, cuando alcanzó los 3.500 millones de dólares.
La poca solvencia económica obligará al nuevo Gobierno a «reducir programas en salud, educación, asistencia a las familias, por lo que el pueblo se ve reducido en cuanto a su bienestar, para pagar esa deuda contratada», recalcó.
Agregó que la mayor parte de la deuda hondureña se destina a «fines proselitistas a través del programa presidencial Bono Vida Mejor, el pago de generadores de energía (eléctrica) y cubrir gasto corriente, por lo que no estamos generando la base de un crecimiento y desarrollo» del país.
RETOS DEL NUEVO GOBIERNO
El Gobierno «gasta más en burocracia que lo que entrega a la población necesitada», enfatizó el economista hondureño, quien dijo que la pobreza, el desempleo y subempleo, la violencia criminal y problemas en materia de educación y salud son algunos de los muchos retos que enfrentará el sucesor de Hernández.
La pobreza en Honduras aumentó al 70 % en 2020, con un alza de 10,7 puntos porcentuales con respecto al 59,3 % de 2019, debido a la pandemia de la covid-19 y un mayor endeudamiento del país para financiar en parte el gasto público, señaló.
Otro tema que preocupa en el país es la corrupción, flagelo con profundas raíces que también ha salpicado a los últimos Gobiernos, según diferentes organismos.
Según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado), la corrupción le costó al país 254.058 millones de lempiras (unos 10.541 millones de dólares) entre 2014 y 2018, lo que supone entre el 10 % y el 12,5 % del PIB.
