San José, 28 feb (EFE).- Una reforma del sistema de empleo público para reducir gastos y cumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) enfrenta al expresidente José María Figueres y al exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, los dos candidatos presidenciales de Costa Rica que disputarán la segunda vuelta, el próximo 3 de abril.
Ambos candidatos coinciden en la necesidad de una reforma al sistema de empleo público, pero tienen opiniones distintas acerca del proyecto de ley que se estudia en el Congreso y que podría ser aprobado en las próximas semanas.
«Costa Rica necesita reformarlo, sin embargo esta versión no es la solución óptima», ha dicho Chaves, quien ha calificado la iniciativa como «un adefesio» que debe ser vetado en caso de que el Congreso lo apruebe.
Para el candidato del Partido Progreso Social Democrático, la iniciativa no genera equidad salarial en el sector público y considera que no pueden haber diferencias de salarios en las instituciones del Estado para puestos iguales.
Por su parte, Gerardo Corrales, uno de los miembros del equipo económico del candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, expresó el apoyo al proyecto de ley con la posibilidad de hacerle ajustes en caso de ser necesario.
«No es perfecto pero una vez aprobado se tienen 12 meses para la entrada en vigencia y es un periodo para hacer ajustes», comentó.
Corrales apuntó que los trabajadores del sector público son apenas el 15% del empleo total del país y que «se llevan el 50 % de los gastos del gobierno en remuneraciones».
La reforma al empleo público, que busca equiparar salarios para puestos similares en las instituciones del Estado, reducir el pago de anualidades y pluses salariales, así como pagar incentivos por rendimiento, es una pieza clave del acuerdo que Costa Rica suscribió en 2021 con el FMI.
El compromiso de Costa Rica para recibir 1.778 millones de dólares del FMI es eliminar el déficit primario en el año 2023 y bajar la deuda al 50 % del PIB en 2035.
Para ello propuso una serie de iniciativas como la reforma al empleo público, la cual es rechazada por los sindicatos que consideran que los trabajadores estatales han sido golpeados en los últimos años por la reforma fiscal de 2018 y las políticas de austeridad del actual gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).
El presidente Alvarado ha dicho que esta transformación es necesaria para la estabilidad de las finanzas y que espera que el Congreso la apruebe en las próximas semanas cuando reciba el fallo completo de la Sala Constitucional, en el que constató que el proyecto de ley no tiene roces con la Constitución.
El acuerdo con el FMI también tiene otros proyectos polémicos que enfrentan a los candidatos presidenciales, como es el caso de un impuesto a las «casas de lujo», cuyo valor es superior a los 200.000 dólares, y la creación de un impuesto de renta global dual.
«Costa Rica se beneficiaría de un acuerdo con el FMI. El actual puede mejorarse de acuerdo a los intereses del país y estoy muy anuente a renegociarlo con el compromiso de que no incluirá más impuestos», manifestó Chaves.
Por su lado, el equipo económico de Figueres ha descartado la posibilidad de renegociar el acuerdo con el FMI, aunque sí ha expresado que buscará modificar el impuesto a las casas de lujo para cobrarlo a las propiedades con valores por encima de los 500.000 dólares.
Las finanzas de Costa Rica se vienen deteriorando desde la crisis económica mundial del 2008 con un aumento sostenido de la deuda y el déficit, que el Gobierno actual del presidente Carlos Alvarado intentó paliar con una reforma tributaria que el Congreso aprobó en diciembre de 2018.
Sin embargo, los resultados de esa reforma no se han podido evaluar a plenitud debido a la crisis generada por la pandemia de la covid-19 a partir del 2020.
Costa Rica cerró el año 2021 con un déficit fiscal de 5,18 % del Producto Interno Bruto (PIB), inferior al del 2020 que fue del 8,03 %, mientras que el déficit primario fue del 0,28 % del PIB.
Sin embargo, la deuda siguió en ascenso y se ubicó en el 70,37 % del PIB.
Douglas Marín
