Ciudad de México, 8 nov (EFE).- La reforma eléctrica que propone el Gobierno mexicano desatará arbitrajes internacionales por las afectaciones a la inversión privada que ya está hecha, advirtió este lunes la agencia Fitch.
«Inversionistas extranjeros de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio con México podrían impugnar la ley en cortes de arbitraje internacional en un esfuerzo para proteger sus inversiones y recibir compensación monetario», indicó en un reporte.
La calificadora recordó que la iniciativa constitucional busca limitar a 46 % la participación privada en la generación de electricidad de México, que ahora es de cerca del 60 %, lo que «añadiría incertidumbre a la futura demanda y precio».
También desaparecería los reguladores autónomos de energía, cancelaría todos los contratos de autoabastecimiento y priorizaría el despacho de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las renovables de privados.
«La propuesta podría debilitar aun más el Estado de derecho de México y podría desincentivar futuras inversiones privadas en el sector», consideró Fitch.
La agencia señaló que la propuesta también pondría bajo control de la CFE «toda la cadena de suministro eléctrico», incluyendo la generación, transmisión, distribución y suministro, lo que «acabaría con la autonomía del operador independiente del sistema».
Para satisfacer la demanda eléctrica del país, la CFE tendría que incrementar su ritmo de inversión y desarrollo, apuntó la calificadora.
«Si la iniciativa pasa, Fitch cree que la capacidad del sistema estaría presionada a partir de 2024, y que la participación privada sería necesaria para ejecutar los nuevos proyectos de generación que se necesiten», argumentó en su reporte.
El informe recordó que el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pospuso el debate de la reforma hasta 2022, a pesar de ser prioridad del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se había mostrado abierto a votarla, anunció este lunes que no discutirá la iniciativa hasta que pasen las elecciones de 2022, cuando seis de las 32 entidades renovarán sus gubernaturas.
El líder priista, Alejandro Moreno, cuestionó la actitud del dirigente de Morena, Mario Delgado, quien prometió «borrar al PRI» en los comicios del próximo año.
Para aprobar la reforma, la alianza oficialista requiere dos tercios de los votos del Congreso, una mayoría calificada que perdió tras las elecciones intermedias del pasado del 6 de junio.
En este contexto, Fitch consideró que la aprobación de la reforma «es improbable».
«Pero si pasa, las implicaciones al crédito serían significativas», advirtió.
