Este lunes se presentó al Parlamento el proyecto para anular unilateralmente partes del protocolo suscripto con la Unión Europea (UE) sobre Irlanda del Norte, que también forma parte del Brexit.
Entre las medidas se prevé eliminar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE sobre las disputas a Irlanda del Norte, también se exime de los controles aduaneros de la UE a los productos enviados al Ulster desde el resto de Gran Bretaña y limita continuar viajes a la República de Irlanda. Además, se establece una doble regulación que permite a las empresas norirlandesas elegir entre las normativas europeas y británicas para las importaciones y exportaciones.
Con esto, Bruselas acusa a Londres de dañar la confianza, al reabrir el pacto Brexit sobre Irlanda del Norte. Cuando la UE y el Reino Unido negociaron este acuerdo, lo más complejo fue el protocolo de Irlanda del Norte.
Todas estas idas y venidas de Bruselas con Londres también tienen réplicas fuertes en Dublín. El ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Defensa del Gobierno de Irlanda, Simon Coveney, espera llegar a un acuerdo por el aumento de la inestabilidad y comentó que la ley presentada el lunes es el punto más bajo en las relaciones entre el Reino Unido y la UE por el Brexit.
El primer ministro británico, Boris Johnson, minimiza el cambio que están queriendo lograr, comentando que solo se introducen ajustes para que funcione mejor. Mientras, el vicepresidente de la Comisión Europea para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, advirtió que la intención británica de los cambios lleva a una fórmula de incertidumbre y podía ser dañino para la confianza común, hasta la UE podría anunciar acciones legales.
Esta reacción se dio luego de 18 meses de espera por parte de Bruselas, ante los problemas prácticos que se han planteado en Irlanda del Norte y que amenazaban ante la estabilidad de los Acuerdos del Viernes Santo.
La ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, dijo que esta ley no va contra nadie, sino que es para defender la integridad territorial del Reino Unido y la supremacía de sus tribunales. Aseguró que la normativa garantizará que sus ciudadanos de Ulster sean tratados igual que los del resto del país y no como de segunda.
Al final, esto podría ser una decisión táctica del gobierno británico para presionar a Bruselas para que haga las concesiones que hasta el momento se ha resistido a realizar con la excusa de mantener la integridad del mercado único.
