Río de Janeiro, 21 ago (EFE).- El Gobierno del estado brasileño de Río de Janeiro instauró un bonus de 5.000 reales (unos 1.000 dólares) a sus policías por cada fusil que decomisen y retiren de la circulación, informaron este lunes fuentes oficiales.
Los agentes de la Policía Militar y Civil de Río podrán recibir dicha gratificación cuando confisquen ese tipo de arma de fuego durante el ejercicio de sus funciones o estén en su día libre, según fue publicado en el Diario Oficial.
«El fusil es un arma de guerra. Cuanto más se las quitemos a los bandidos, menos será necesario que nuestros policías las usen» durante el transcurso de las operaciones, señaló el gobernador de Río, Cláudio Castro, en sus redes sociales.
El rifle aprehendido también tendrá que cumplir una serie de requisitos: estar sin registro y/o su propietario no tener la debida autorización para su porte.
También están contemplados los casos en los que el arma esté en posesión de un adolescente.
Después el fusil tendrá que pasar por un examen pericial y solo se pagará por aquellos que estén funcionando.
De acuerdo con el decreto, si en la aprehensión participó más de un uniformado, el valor del bonus será dividido entre todos los participantes de la acción.
Según datos oficiales, las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro confiscaron 366 fusiles en el primer semestre de este año, es decir, una media de dos por día, lo que supuso un aumento del 64 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Río de Janeiro, en cuya capital homónima son frecuentes los enfrentamientos entre agentes y narcotraficantes, que controlan algunas zonas de la ciudad, es uno de los estados brasileños donde la Policía es más letal.
El pasado 2 de agosto, una decena de personas murieron durante una operación en un favela en la que se buscaba capturar a algunos de los líderes del Comando Vermelho (Comando Rojo), una de las mayores organizaciones criminales de Brasil.
Solo el año pasado 1.327 personas fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad en Río de Janeiro, equivalente a cerca de un tercio (29,7 %) del total de asesinatos registrados en la región, de acuerdo con el Gobierno.
