San José, 16 jul (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, visitó este sábado la localidad de Las Crucitas para inspeccionar una zona de minería ilegal de oro y prometió trabajar para encontrar una solución al problema ambiental que esa actividad genera.
“Quiero expresar mi sincero, enorme y humilde agradecimiento al pueblo de Crucitas, quienes nos dijeron exactamente dónde están los problemas. Vimos de nuestros propios ojos tres excavaciones de anoche, así que el tema no está resuelto y debemos trabajar desde hoy mismo en solucionarlo”, afirmó el presidente en un comunicado.
La Casa Presidencial detalló que, según datos de la Dirección de Geología y Minas, a junio de 2022 hay cerca de 24 fincas afectadas por la minería informal en la zona, para un total de 55 hectáreas.
Según esos datos, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 los mineros ilegales extrajeron 149.243 onzas de oro con un valor en el mercado de 197,4 millones de dólares.
El mandatario estuvo acompañado en la visita por representantes comunales, el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, y el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, además de diputados.
Sectores ambientalistas han solicitado al presidente descartar cualquier intención de explotar oro en la zona debido a los riesgos ambientales que conlleva.
En la zona de Las Crucitas iba a operar una mina de oro a cielo abierto de la empresa canadiense Infinito Gold, pero tras una extensa batalla legal, la compañía no pudo comenzar a construir la mina y el sitio fue aprovechado por mineros artesanales que utilizan técnicas dañinas para el ambiente como el uso de mercurio.
El caso se remonta a 2010 cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica declaró como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Secretaría Técnica Ambiental con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
La empresa comenzó a construir la mina Las Crucitas, en la zona norte de Costa Rica, pero nunca terminó ni pudo explotar oro debido al retiro de la concesión por aparentes irregularidades en la tramitación de permisos y daños ambientales.
La Fiscalía costarricense abrió procesos judiciales contra el expresidente Óscar Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, por supuestos delitos al otorgar una declaratoria de interés y conveniencia nacional al proyecto minero en 2008.
El expresidente Arias fue sobreseído por este caso en 2019.
En 2021, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, falló a favor de Costa Rica en un arbitraje presentado por la empresa que reclamaba 400 millones de dólares de indemnización.
