Hermosillo (México), 23 feb (EFE).- La violencia en el estado mexicano de Sonora sigue desatada en municipios como Caborca, donde los choques entre los hijos del «Chapo» Guzmán y un cártel local han convertido este municipio en un campo de batalla en días recientes y tiene a la población aterrorizada.
El origen de esta inesperada guerra es el control de la plaza, hoy en manos de Rodrigo Páez -sobrino del capo Rafael Caro Quintero-, y evidencia la falta de estrategia para atender el grave problema de la seguridad pública en Sonora, situado en el noroeste de México y fronterizo con Estados Unidos.
Entre la noche del 15 de febrero y la madrugada del miércoles 16 de febrero, dos convoyes de Los Chapitos -tres de los hijos del capo hoy preso en Estados Unidos que dominan uno de los brazos del poderoso cártel de Sinaloa- irrumpió en la localidad con decenas de camionetas blindadas.
Durante horas sitiaron la ciudad de Caborca y asesinaron a dos hombres y secuestraron a cinco jóvenes, que finalmente fueron liberados.
Los cinco jóvenes secuestrados están bien pero no quisieron prestar declaración ante las autoridades, como explicó este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Los vehículos, con sicarios a bordo, recorrieron las calles por más de seis horas sin que ninguna autoridad defendiera a los residentes, a pesar que hay cuarteles del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la región.
En Caborca y en el vecino municipio de Pitiquito los habitantes padecen un toque de queda impuesto por la alcaldía, que pidió a la población que se abstenga de realizar actividades comerciales, lúdicas o deportivas después de las 10 de la noche.
Pero la gente se encierra en sus casas desde el atardecer, mucho antes de que arranque oficialmente el toque de queda.
FALTA DE INTELIGENCIA Y ATENCIÓN
Como uno de los municipios con mayor extensión territorial del país, pues va desde la costa del mar de Cortés hasta la frontera con Arizona en los Estados Unidos, Caborca es considerado como un lugar estratégico para la operación de grupos criminales.
Su condición desértica, su orografía escarpada y su gran extensión dificultan la vigilancia de las agencias de seguridad en ambos lados de la frontera.
«Me parece que la política del Gobierno de México y en este caso del gobernador Alfonso Durazo (exministro de Seguridad del Ejecutivo de López Obrador) ha sido la de evitar el enfrentamiento para evitar las masacres. Eso lleva a un vacío de autoridad», consideró el profesor del Tec de Monterrey y experto en seguridad Juan Carlos Montero.
¿RESPUESTA A UN OPERATIVO?
En conferencia de prensa, el gobernador Durazo reveló este martes que, días previos a la violencia en Caborca, la Secretaría de Marina de México decomisó tres toneladas de cocaína y arrestó a seis sospechosos que, aparentemente, buscaban traficar la droga hacia los Estados Unidos a través del desierto.
“Especulamos que una de las rutas posibles de ese cargamento de droga eran las playas de Caborca rumbo a la frontera con Estados Unidos. Este dato ha estado fuera de la escena de la información y es una pieza fundamental para entender muchos acontecimientos”, declaró.
Como respuesta a mediano plazo para atender la seguridad en la región, se construirá un cuartel para albergar a 500 soldados del Ejército Mexicano y un cuartel de la Guardia Nacional con capacidad para cien efectivos, agregó.
CRECE VIOLENCIA DEL NARCO
México registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.
En 2021, Sonora registró 2.354 homicidios dolosos, siendo uno de los estados más afectados por los asesinatos pese a tener una población de apenas unos 3 millones de habitantes, en un país de más de 126 millones.
Las cifras de asesinato han ido ligeramente en descenso, por ejemplo con la caída del 14,4 % interanual en enero el número de homicidios dolosos.
No obstante, las autoridades han recibido señalamientos por su posible tolerancia con el crimen organizado. Aunque desde el Gobierno federal el mensaje es que no hay «impunidad».
