Ciudad de Panamá, 17 dic (EFE).- Transparencia Internacional (TI) hizo un llamado de atención este sábado al Gobierno de Panamá por la «falta de transparencia» en las negociaciones frustradas con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
«Hacemos un llamado de atención al Gobierno Nacional, en relación a la falta de transparencia en el proceso de negociación con Minera Panamá, así como en el uso y manejo de los fondos públicos en general», dijo en un comunicado la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el Capítulo Panameño de Transparencia Internacional.
El Gobierno de Panamá ordenó el pasado jueves el cese de operaciones de Minera Panamá, después de no llegar a un acuerdo para crear un nuevo contrato para la explotación de una gran mina de cobre, ya que el anterior convenio fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.
Sin embargo, el Gobierno de Laurentino Cortizo y FQM habían anunciado en enero pasado el alcance de un acuerdo, que nunca llegó a concretarse con una firma, que incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, «10 veces más» de lo que ha aportado la empresa anteriormente, y el pago del impuestos hasta ahora exentos.
«El caso de Minera Panamá, representa un claro ejemplo de falta de transparencia por parte de varias Administraciones, incluyendo la actual», señala el comunicado de Transparencia Internacional.
Agrega que «a partir del anuncio hecho por el Ejecutivo en enero de 2022 sobre el acuerdo alcanzado con la empresa (…) poco o nada se ha sabido hasta el día de ayer, cuando se anunciaron las medidas de suspensión de las actividades comerciales de Minera Panamá».
«La falta de datos concretos impide a la ciudadanía analizar si el Gobierno está defendiendo los mejores intereses de la población, o si existen conflictos de interés o influencias indebidas en la negociación», advirtió TI.
Alertaron de que «la obligación legal de transparencia y acceso a la información pública ha retrocedido alarmantemente en esta administración, siendo reemplazada por inauditos silencios, ilegales negativas e impunidad».
«La transparencia es la única herramienta que puede devolver la confianza en la gestión gubernamental y fortalecer la institucionalidad democrática», concluye el comunicado.
El Ejecutivo ha sostenido que su decisión está sustentada en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de diciembre de 2017 que declaró inconstitucional el contrato-ley que dio vida a esa concesión, otorgada primero a otra empresa y que tras varias ventas recayó en Minera Panamá.
El fallo de inconstitucionalidad es la razón por la cual el Gobierno de Laurentino Cortizó inició en septiembre de 2021 las negociaciones con Minera Panamá para firmar un nuevo contrato para la explotación de la mina a cielo abierto Cobre Panamá, un proyecto con inversión de 10.000 millones de dólares desde que en 1997 se aprobara la concesión, según cifras de FQM.
