Ciudad de Panamá, 23 jun (EFE).- El primer tratado para la protección de la altamar, adoptado por consenso esta semana por la ONU, destaca por inclusivo pero también presenta retos, como alinear las capacidades institucionales y presupuestarias de los países y la cooperación para que logre sus ambiciosos objetivos de conservación de los océanos y equidad en el acceso a su riqueza.
El acuerdo marca un «hito tras todo este esfuerzo que ha llevado más de 15 años» y que ha involucrado a «muchas organizaciones de todo tipo (ONG, empresariales), Estados, gobiernos, sociedad civil y hasta las poblaciones costeras y pueblos indígenas», dijo a EFE la gerente de Incidencia Política de MarViva, la panameña Tania Arosemena.
«Queremos destacar en MarViva ese logro de poder incluir, este es un tratado inclusivo, no solo a nivel de los países sino a nivel de sectores», afirmó esta abogada con especialización en desarrollo del sector marítimo y posgrado en evaluación de impacto ambiental.
La altamar son las aguas situadas a más de 200 millas marinas de la costa. Representan dos tercios del total de los océanos, pero solo el 1 % está protegida actualmente, como destaca MarViva.
Al no pertenecer a la jurisdicción de ninguna nación, agrega esta fundación con presencia en Panamá, Costa Rica y Colombia, la altamar es una zona desprotegida, lo que ha provocado que esté altamente amenazada por la sobreexplotación pesquera, la contaminación y otras actividades humanas.
«La altamar es un bien que parece que no es de ninguno pero que realmente nos pertenece a todos (…) el mar es de todos y estamos contra el tiempo para protegerlo. La altamar es esa frontera que necesitamos proteger, aprovechar de una manera sostenible, porque eso va a garantizar la vida en nuestro planeta», dijo Arosemena.
LAS NOVEDADES DE UN TRATADO QUE PRETENDE ESTABLECER ORDEN
El tratado debe ser firmado y ratificado por al menos 60 países para su entrada en vigor. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a los gobiernos ser diligentes en este proceso de rúbrica, que se abrirá el próximo 20 de septiembre.
«La exhortación a los gobiernos es que además de ratificarlo, deben incentivar y apoyar los esfuerzos de sensibilización del tratado», para «poder seguir sumando a los actores que puedan tener un lugar en la mesa para implementarlo de una manera equitativa, justa, acorde e inclusiva», dijo Arosemena.
MarViva destaca que el acuerdo introduce evaluaciones coherentes del impacto ambiental de las actividades humanas en la altamar, garantiza un reparto justo y equitativo de los beneficios de los recursos genéticos marinos, refuerza la capacidad de los países para aplicar el acuerdo y proporciona una vía para la creación de áreas marinas protegidas.
«Cada nación puede tener su regulación pero el tratado es una medida para establecer un orden» en la altamar, explicó Arosemena, quien cuenta con 21 años de experiencia en el campo legal ambiental.
Precisamente, la experta destacó que el tratado «es un instrumento importante para las evaluaciones de impacto ambiental», a fin de «prever y analizar impactos de las actividades que se puedan desarrollar, impactos a futuro, impactos acumulativos».
Esto cobra especial relevancia con la irrupción de las nuevas tecnologías que abren la puerta a la minería en el fondo de los mares y a una pesca más intensiva.
«También es vital y fundamental la parte de la creación de capacidades y transferencia de tecnología marina. O sea, vivimos en un mundo que está rodeado de mar pero la mayoría de los países damos la espalda al mar, no tenemos la capacidades a nivel institucional, no tenemos las capacidades a nivel académico, en la toma de decisiones, a nivel de las poblaciones, esto es un reto», añadió Arosemana.
Es así que, añadió, «hay un trabajo vital de poder transferir esos conocimientos incluso de las naciones que tienen más capacidad a las que menos tienen».
Giovanna Ferullo M.
