Quito, 19 jul (EFE).- La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), con sede en Ecuador, presentó este miércoles un estudio sobre la criminalización de la protesta en América del Sur y advirtió de factores recurrentes en las estrategias de represión en la región.
Durante una ceremonia de presentación en Quito, el Inredh precisó que el informe recopila datos y evaluaciones sobre el estado actual de la represión en la región, especialmente en Colombia, Perú y Argentina.
Asimismo, analiza varios factores recurrentes respecto del accionar policial y militar durante las protestas de junio de 2022 en Ecuador, que es la base del estudio.
El Inredh, en un comunicado, indicó que el texto busca contribuir a una discusión regional sobre este fenómeno, las consecuencias del uso de la fuerza letal y sobre los efectos de las estrategias de desprestigio de las protestas.
También analiza los procesos de detención de manifestantes y las acciones de judicialización contra personas apresadas durante las protestas.
En el caso de Ecuador, en el documento se analizan operaciones policiales y militares que han dejado lesiones graves entre los manifestantes e incluso la muerte, lo que según el Inredh afecta directamente a las familias de las víctimas que, en muchos casos, se ven obligadas a recorrer un difícil camino en busca de justicia.
CRIMINALIZACIÓN COMO «AGENDA COMÚN»
Durante la presentación de la obra, la jurista argentina Bárbara Juárez, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expresó la preocupación que ha generado en las organizaciones pro derechos humanos la violencia ejercida por las fuerzas estatales en contextos de manifestaciones sociales en la región.
Juárez comentó que, en su criterio, la criminalización de la protesta ha llegado a ser una agenda común entre los gobiernos de la región del cono sur y dijo que ese tipo de violencia no es ejercida únicamente por las fuerzas del orden.
«El poder judicial también ejerce procesos de persecución que implican hostigamiento y un mensaje disciplinador hacia quienes se manifiestan», opinó.
La peruana Ana María Vidal, del Programa Amazonía de la organización Earth Rights International, señaló de su lado que, según ella, el gran problema en Latinoamérica sobre la represión en las manifestaciones sociales y la impunidad por la violación de derechos humanos viene dado por el racismo y la discriminación.
«Hay una élite que piensa que tiene más derechos que los pueblos indígenas, que las mujeres, que la comunidad LGBTIQ+, que hace que la impunidad esté presente», apuntó Vidal.
Asimismo, aseguró que al Estado no le interesa brindar una reparación ni una efectiva protección a las víctimas de la represión, y que más bien parecería que sus derechos «no valen lo mismo».
VIOLENCIA «NORMALIZADA»
También el activista Miguel Pérez, del Inredh, mostró su preocupación por el tipo de capacitación que reciben los policías y militares sobre el uso progresivo de la fuerza.
Según Pérez, la violencia «ha sido normalizada a nivel social y político en el país, siendo esta una respuesta estatal frente a las exigencias que una sociedad puede llegar a demostrar en contra de políticas injustas o antidemocráticas».
El informe del Inredh recoge versiones de protestas en varios países sudamericanos, pero se sustenta en las duras manifestaciones que tuvieron lugar en Ecuador entre el 13 y el 30 de junio de 2022 y que finalizó con 7 muertos, 6 de ellos manifestantes, según organizaciones de derechos humanos, y un militar.
Esa protesta, encabezada por el movimiento indígena, finalizó cuando el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, aceptó reducir el precio de los combustibles subsidiados, de consumo masivo, y frenar las concesiones petroleras y mineras, sobre todo en la Amazonía.
