Sao Paulo, 7 abr (EFE).- El general retirado del Ejército Joao Francisco Ferreira asumió este miércoles como director brasileño de la hidroeléctrica Itaipú, administrada por Brasil y Paraguay, en una ceremonia en la que participó el presidente Jair Bolsonaro.
Ferreira sustituye en el cargo a otro general de la reserva, Joaquim Silva e Luna, propuesto por Bolsonaro para ser el nuevo presidente de Petrobras, lo que entonces fue interpretado por el mercado financiero como un intento del mandatario de interferir en la petrolera estatal.
«Brasil tiene todo para triunfar y ciertos nombramientos no pueden ser políticos y sí técnicos», afirmó el líder ultraderechista al juramentar a Ferreira, en Foz de Iguaçu, municipio del estado brasileño de Paraná (sur).
Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, destacó la labor de Silva e Luna durante los dos años que ha estado al frente de la parte brasileña de la represa binacional y exigió «transparencia» y «previsibilidad» en la gestión de las empresas públicas.
En este contexto, volvió a cargar contra la actual administración de Petrobras, la mayor empresa de Brasil, y tildó de «inadmisible» el aumento del 39 % del precio del gas natural vendido a las distribuidoras, anunciado el lunes por la petrolera.
«No voy a interferir», pero «podemos cambiar esa política de precios», sentenció.
Para Itaipú, Bolsonaro volvió a confiar en un miembro de las Fuerzas Armadas, que han entrado de lleno en la Administración gubernamental desde que asumió la Presidencia de Brasil, en enero de 2019.
Casi la mitad de los ministros del Gobierno procede del sector castrense, a lo que se suman unos 6.000 militares activos y de la reserva en cargos civiles.
Uno de ellos es el ministro de Minas y Energía, el almirante Bento Albuquerque, presente en el acto de este miércoles, donde se refirió a Itaipú como un «factor de desarrollo y progreso para Brasil y Paraguay».
Ferreira tendrá como una de sus principales misiones comenzar a negociar con Paraguay la revisión del tratado estatutario de Itaipú, que vence en 2023, cuando se cumplirán 50 años de su firma.
La clave de la discusión está en el Anexo C del Tratado, que rige el funcionamiento y la distribución de la energía generada por la hidroeléctrica compartida por ambos países.
Según esa cláusula, cada país recibe el 50 % de la energía de la represa, pero debe venderle al otro socio aquella que no utiliza, y Paraguay satisface su demanda con poco más del 5 %, por lo que el resto acaba en Brasil y a precios preferenciales, inferiores a los del mercado.
