Lima, 14 jun (EFE).- Una comisión del Congreso peruano señaló este martes deficiencias en el proceso de descarga de petróleo en el mar que agravaron el derrame de crudo ocurrido en enero pasado en una refinería operada por Repsol en el norte de Lima, al presentar el informe que reiteró la responsabilidad de la empresa en el desastre ambiental.
La presidenta de la comisión investigadora, Margot Palacios, declaró a los periodistas que este grupo encontró indicios razonables sobre la responsabilidad de la empresa Relapasa, que tiene como accionista mayoritario a Repsol.
Aseguró que «el plan de contingencia no resultó adecuado», pues no se habían considerado los riesgos que ocurrieron en el evento, y que «hubo demora excesiva para responder al derrame en su fase final».
La legisladora del partido oficialista Perú Libre explicó que, ocurrido el derrame, la primera responsabilidad es de la refinería La Pampilla y del representante del buque Mare Doricum, el capitán Giacomo Pisani, «quienes tienen responsabilidad de controlar el derrame y no lo hicieron».
Señaló que el buque quedó amarrado «en una forma incorrecta», comparado con lo que dice el estudio de maniobras del propio terminal, que indica que el navío debiera tener dos cabos de amarre en cada boya.
Además, Palacios puntualizó que «no se suspendió el bombeo de descarga de hidrocarburos del buque tanque Mare Doricum con la rotura de los cabos».
A pesar de que las normas marítimas prohíben hacer operaciones simultáneas, el buque hizo el reemplazo del cabo roto y la descarga al mismo tiempo, señaló la legisladora.
Por otro lado, el informe indicó que la operación involucró una descarga de 987.671,64 barriles de crudo para el terminal de boyas número 2 , pero que la compañía declaró 985.696,30 barriles a la autoridad tributaria.
La empresa Relapasa «no tuvo capacidad de respuesta inmediata» para controlar el derrame de crudo ubicado en la línea submarina de 4.500 metros, además que «la demora excesiva» de colocar las almohadas a la línea submarina para que no siga saliendo el crudo «hizo que el derrame tuviera mayor magnitud» en las costas peruanas y «una mayor extensión de la contaminación ambiental», agregó el informe.
Añadió que la compañía no proporcionó un supervisor de amarre, permanencia y desamarre en la operación de descarga en el terminal portuario, razón por la cual, al momento de la rotura de los cabos, «no se encontró ningún práctico (especialista) a bordo».
El derrame ocurrió el 15 de enero cuando el buque petrolero italiano Mare Doricum descargaba el hidrocarburo de la terminal 2 de la refinería La Pampilla, que opera Repsol en el municipio de Ventanilla, ubicado a unos 20 kilómetros de Lima.
A raíz de esta fuga, que Naciones Unidas calificó como «el peor desastre ecológico en la historia del país», el litoral peruano recibió el vertido de unos 10.396 barriles de crudo, según datos de Repsol, mientras que las autoridades peruanas aseguran que fueron 11.900 barriles.
Fruto de la catástrofe ambiental, el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó una demanda judicial contra la compañía por 3.000 millones de dólares por los daños causados por el derrame y otros 1.500 millones por el daño moral a los consumidores, usuarios y afectados, una cifra que tiene que ser definida por un juez.
Por su parte, Repsol, que tachó de «infundada, improcedente e incongruente» la demanda, puso a disposición de la población damnificada un mecanismo de ayuda económica de emergencia que alcanzó a más de 4.600 personas, además del acuerdo firmado con el Gobierno peruano para entregar un anticipo de la indemnización final al padrón de los afectados.
Adicionalmente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente de Perú, ha impuesto seis sanciones económicas a Repsol por 745.200 dólares, cinco de las cuales ya fueron pagadas, y 16 medidas para garantizar la identificación y limpiezas de las zonas costeras afectadas.
