Quito, 13 oct (EFE).- La previsible reducción de ingresos fiscales como consecuencia de la prohibición de explotar un importante pozo petrolero en la Amazonía y unos elevadísimos índices de violencia aguardan a quien resulte electo presidente de Ecuador el próximo domingo: Daniel Noboa o Luisa González.
El pasado 20 de agosto, los ecuatorianos votaron en un plebiscito a favor de que se cese la explotación del Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos situados dentro del Parque Nacional Yasuní, un enclave de enorme biodiversidad situado en la Amazonía ecuatoriana.
Ese bloque tiene una producción promedio de 58.000 barriles de petróleo al día, lo que supone alrededor del 11 % del total de la producción de petróleo de Ecuador, que ronda los 480.000 barriles.
Según datos oficiales, esto daba al Estado beneficios por 1.200 millones de dólares, pero los ambientalistas creen que la renta es mucho menor y que se puede compensar con un impuesto a la riqueza.
Basado en datos del Banco Central, el analista económico Alberto Acosta-Burneo dijo a EFE que el primer año de cierre del bloque significaría una pérdida de ingresos netos de 770 millones de dólares, por la bajada del precio del crudo.
Pero, además, el Ejecutivo calcula en cerca de 500 millones de dólares el coste por el desmantelamiento de instalaciones, en cuya construcción se invirtieron cerca de 2.000 millones de dólares. Brecha fiscal
Por otra parte, el nuevo presidente recibirá una economía con una brecha fiscal ahondada desde principios de año por la caída del precio internacional del crudo, indicó.
«Entre enero y agosto hubo un déficit fiscal de 2.700 millones de dólares, cuando en el mismo periodo del año anterior hubo un superávit de casi 200 millones de dólares», recordó y apuntó que ahora la situación fiscal «es tremendamente delicada».
A esto se suman los posibles efectos del fenómeno de El Niño, cuya llegada se prevé para finales de año, que puede «interrumpir de manera significativa la producción y la agroexportación», alertó. Un corto mandato
Quien llegue al palacio de Carondelet sólo gobernará hasta mayo de 2025, cuando debía terminar el mandato de Guillermo Lasso si no hubiese invocado la «muerte cruzada» al disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) y forzar estas elecciones generales extraordinarias.
Un corto período en el que deberá conseguir recursos para cubrir las obligaciones de rigor, eventuales retrasos que herede de la actual administración y cumplir las ofertas de campaña.
El analista conjetura que entre las alternativas podría estar el aumento de impuestos o el alza del coste de los combustibles, dos medidas impopulares que afectarían más a una población golpeada por la crisis económica y el desempleo. ¿Bomba de tiempo?
Precisamente, el tema del precio de los combustibles fue uno de los detonantes de dos grandes protestas sociales, lideradas por los indígenas, en 2019 y 2022, tema que está pendiente en unas mesas de diálogo aún inconclusas.
«Esto es una bomba de tiempo muy grave, muy compleja» por el tema económico y el político, «pero lo principal es la falta de empleo», dijo a EFE el analista político César Ulloa al especular que Ecuador está «cerca de una gran protesta social por el descontento de la gente de no tener ingresos por el desempleo».
Como ejemplo, «siete de cada 10 personas están desempleadas en Quito», la ciudad «de mayores índices de pobreza» al momento, dijo.
Ulloa opinó que el próximo Gobierno podría entrar en un período de austeridad y que quizá opte por usar el presupuesto no ejecutado en la administración de Lasso. Inseguridad
Ecuador vive una escalada de violencia, que las autoridades atribuyen al enfrentamiento entre bandas del crimen organizado vinculadas al narcotráfico.
En cinco años, Ecuador ha pasado de 5,8 a 25,32 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la cifras más alta desde que se tiene registro, y según los expertos podría alcanzar incluso los 40 para finales de 2023.
«A puertas de la elección, en vez de que el Gobierno demuestre resultados más eficientes, cada vez crece el número de homicidios por cada 100.000 habitantes», dijo Ulloa.
Como muestra de esa espiral está el asesinato en agosto pasado del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, después de haber denunciado que había recibido amenazas de muerte.
Fernando Carrión, experto en seguridad, indicó a EFE que, «según información internacional, la tasa de crecimiento de la violencia de Ecuador es la más alta de América, y eso haría que, al finalizar este año, Ecuador esté localizado, probablemente, en el tercer lugar de los países más violentos de la región».
Y, según el Informe Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (Gitoc), revelado en septiembre pasado, Ecuador ya está entre los diez países con mayor criminalidad del mundo.
Susana Madera
