Tegucigalpa, 28 jun (EFE).- Las Zonas de Empleo y Desarrollo (Zede) en Honduras son resultado del «autoritarismo» de los poderes del Estado y podrían aumentar la migración, generar desigualdad e impunidad, señaló este lunes el Consejo Anticorrupción (CNA).
Esas son algunas de las conclusiones de «Los pecados capitales de las ZEDE», un informe elaborado por el ente anticorrupción y que su directora, Gabriela Castellanos, presentó hoy en una rueda de prensa, en la que dijo que el CNA denunciará ante el Ministerio Público a los parlamentarios que aprobaron la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo.
«Pese a que la Constitución de Honduras requiere ser actualizada, para el caso de las Zede no operó el contenido normativo sobre la rigidez constitucional, sino que este proyecto es el resultado de un autoritarismo y totalitarismo de las personas que integran los poderes del Estado», subraya el documento del CNA.
Las Zede tendrán una «autonomía funcional y administrativa, la suplantación de funciones indelegables de los poderes del Estado, el desapego de la jurisdicción ordinaria, la implementación de un sistema de justicia extranjero -, desconocido para la mayoría, que será manejado por foráneos, la manipulación de la política de transparencia, el control de órganos de policía e investigación», señaló.
La instalación de las Zede, que en Honduras también han venido siendo promovidas como «ciudades modelo», fue aprobada en 2013, durante el Gobierno que presidió Porfirio Lobo, cuando el titular del Parlamento era Juan Orlando Hernández.
MÁS IMPUNIDAD
En esas zonas, añadió el CNA, la aplicación del Código Penal y las disposiciones sobre la extradición «son meramente transitorios hasta que sus órganos de gobernanza determinen cómo regular dichos aspectos», lo cual constituye «gravemente un claro panorama de haberse creado el más sólido refugio para criminales de cuello blanco que opten por ampararse bajo la legislación y sistemas autónomos que imperan dentro de las Zede».
Las Zonas de Empleo serán utilizadas por los involucrados en actos de corrupción, para «refugiarse y evitar que justicia nacional o extranjera proceda en contra de ellos», destaca el informe.
«Se identifica que debido a los principios de cosa juzgada muchos de los involucrados en corrupción provocarán que se les inicie procesos bajo los juzgados y tribunales que funcionarán dentro de las Zede y dichas resoluciones serán utilizadas como excepciones por cosa juzgada», explicó la oficina anticorrupción.
La creación de las Zede ocurrió en el «marco de manifiestas violaciones a la Constitución» debido a que los diputados que votaron a favor de la iniciativa «se excedieron en sus funciones atribuyéndose facultades del constituyente para reformar artículos que versan sobre la forma de Gobierno y el territorio».
MODELO DE EXPROPIACIÓN
La normativa de la Zonas de Empleo admite un modelo de expropiación que «prioriza los intereses de quienes inviertan» en esas zonas por sobre los hondureños que habitan y poseen los territorios y, además, intenta «consolidar la obligación del Estado de Honduras a garantizar la subsistencia de las Zede, aun cuando se dé un cambio de régimen político en el país», resalta el documento.
«Los actos de corrupción entorno a estas zonas están lejos de terminar, pues aún falta su materialización expansiva, que irá restando gradualmente la soberanía del Estado hondureño, para convertirse en amplios paraísos fiscales», señala.
El CNA considera que las Zede generarán «desigualdad y podrían aumentar la migración de personas» e hizo un llamado internacional para reconocer los gobiernos de las Zonas de Empleo como «refugios para narcotraficantes, lavadores de activos y zonas donde se podrá realizar todo tipo de actos de corrupción sin la vigilancia que actualmente la sociedad civil emprende, y sobre todo sin el control estatal debido».
