La Cámara de Diputados se convocó esta tarde en sesión extraordinaria para tratar el pedido de juicio político al presidente y el vicepresidente de la República, Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez.
En la oportunidad, legisladores opositores expusieron las falencias del Gobierno actual en la gestión de la emergencia sanitaria, en aspectos como la adquisición de vacunas, provisión de medicamentos e insumos, y lucha contra la corrupción.
El libelo acusatorio fue presentado por la Multibancada Liberal, con acompañamiento de diputados del Partido Encuentro Nacional (PEN)
Las principales causales del pedido de juicio político fue el mal desempeño de funciones, la falta de transparencia en el uso del fondo de emergencia por la pandemia de COVID-19, así como la ausencia de una política de Estado por parte del gabinete de Abdo Benítez.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) realizó la lectura del libelo acusatorio y tras recordar los efectos económicos de la cuarentena del 2020, recordó que nos encontramos en el peor momento de la pandemia y en alerta roja, con pico de internaciones y como el último país de la región en iniciar la campaña de vacunación.
Mencionó también la desacertada gestión para la compra de vacunas, ya que diez países de Latinoamérica han conseguido no pagar por la vacuna, debido a que por criterios económicos son los más pobres de la región o tienen una población muy reducida.
Denunció que el Gobierno paraguayo obvió esta alternativa y hoy somos víctimas de especulación de precios, nos niegan la venta y damos “lástima” al punto de que otros países nos ceden su cupo de compra, según sus palabras.
Por otro lado, destacó que en la aprobación de la compra de 2 millones de dosis de vacunas a través de una donación de Taiwán, el Congreso detectó que el precio de la AstraZeneca ya se encuentra al doble del nivel en que se fijó inicialmente, al ubicarse levemente por encima de los USD 6 por dosis.
Esto se debe a la alta demanda del producto y Paraguay debe gastar más en este concepto, por gestionar la compra recién en este momento, añadió Amarilla.
Recalcó también que los medicamentos utilizados en el tratamiento del coronavirus sufrieron un exorbitante encarecimiento debido a la sobre demanda y la escasez de oferta, a lo que se suma la aparente comercialización irregular de fármacos de uso exclusivo del Instituto de Previsión Social (IPS).
Citó el caso del atracurio – relajante muscular –, cuyo precio denunció que subió de G. 30.000 a G. 120.000 por unidad en el transcurso de una semana, en las inmediaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM).
Lea también: En un día se puede gastar todo un salario mínimo mensual para el tratamiento del COVID-19 en Paraguay
Sostuvo – siempre en la lectura del libelo acusatorio – que si las vacunas llegaban al mismo tiempo que a otros países, se podían haber evitado muchas muertes. Criticó también las falencias en provisión de insumos y medicamentos, y de camas de terapia intensiva, “en complicidad o al menos extrema negligencia” de las autoridades del Ministerio de Salud en procesos licitatorios fallidos.
Se refirió también al tráfico de influencia que se pudo haber cometido por parte de Abdo Benítez y su entorno, y calificó a la pandemia como la peor crisis que sufre el Paraguay después de la Guerra del Chaco.
