El equipo de transición de Gobierno se encuentra trabajando en varias áreas en lo que respecta a las condiciones en que Santiago Peña recibirá el Estado paraguayo el próximo 15 de agosto.
Una de las más importantes es la situación financiera, donde se venían arrastrando deudas con el sector privado que rondan los USD 500 millones. Estos atrasos datan desde la época de la pandemia y afectan especialmente a constructoras y farmacéuticas.
Marco Elizeche, viceministro de Administración Financiera, reconoció que con la contabilización de dicha deuda, no será posible cerrar el año dentro del déficit de 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) previsto dentro del plan de convergencia fiscal. Por ello, anunció que el Gobierno saliente propondrá ante el Congreso Nacional, en los próximos días, un proyecto de ley con doble objetivo.
Dicha ley, por un lado, concederá el permiso correspondiente para extender la proporción del déficit fiscal y, por otro, habilitará las vías para conseguir los recursos de financiamiento destinados a saldar las mencionadas deudas con el sector privado.
Hasta el momento, estas deudas no estaban contabilizadas y, por ende, no habían sido tenidas en cuenta como compromisos en el cálculo del déficit fiscal. En la vigente ley del Presupuesto General de la Nación (PGN), se tenía previsto un déficit fiscal del 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y, en consecuencia, un permiso para exceder los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal hasta ese umbral.
Sin embargo, recientemente, desde el Gobierno saliente anunciaron que incorporarán al cálculo las deudas con constructoras y farmaceúticas, aunque todavía no se tienen las cifras cerradas de cuánto dinero sería, más allá de la estimación informal de USD 500 millones.
En conversación con MarketData, Elizeche comentó que lo que pidió el equipo de transición es tratar de abonar todas las deudas que quedan con las constructoras y las farmacéuticas. En ese contexto, deberán prever esos recursos, lo que implica aumentar el tope del déficit fiscal de este año.
“Indefectiblemente, se requiere un proyecto de ley para que se autorice el superar la meta del déficit prevista en el presupuesto vigente, y también autorice la obtención de los recursos correspondientes”, explicó Elizeche.
Con esta medida, afirmó que necesariamente se sobrepasará el umbral del 2,3% previsto en el plan de convergencia fiscal para este año, y que se está puliendo cuál será el número para tener finalmente el dato que nos llevaría a un mayor déficit.
«Lo que queremos es que se nos autorice a ir a un monto superior al 2,3% (del PIB), todavía no tenemos el número porque estamos cerrando, todavía no tenemos un detalle bien claro de cuánto son los montos tanto de obras como en salud, y a partir de ese número, eso va a aumentar el déficit. El número va a ser mayor, porque no estaba previsto, más todavía en la coyuntura en que nos encontramos, en que los ingresos que nosotros previmos están siendo menores”.
Marco Elizeche, viceministro de Administración Financiera.
Recordó que, desde Hacienda, se previó un incremento de ingresos tributarios superior al 8% para este año; sin embargo, al mes de junio solo se registra un aumento del 3%, cinco puntos por debajo de lo esperado. Sumando mayores compromisos que no estaban previstos, esto obliga a una ampliación en la estimación del déficit fiscal.
¿Cómo se obtendrán los fondos?
Al ser consultado sobre cuáles serán los mecanismos de financiamiento para saldar la deuda con los mencionados sectores, dijo que se dejará abierta la posibilidad de elegir al Gobierno entrante, entre emisión de bonos, toma de un crédito o una combinación entre ambas.
“Así como hacemos en el presupuesto, finalmente se dejan abiertas las posibilidades, pueden ser bonos, pueden ser préstamos a través de multilateral, hay que dar todas las posibilidades porque lo que siempre miramos son las tasas de interés, entonces en base a eso se elige la opción que sea más cómoda para el fisco, que tenga menor (tasa de) interés”, aseveró sobre este punto.
“Generalmente, ponemos un artículo general donde se le autoriza al Ministerio de Hacienda a contratar ya sea empréstitos o la emisión de bonos, pero eso ya básicamente lo va a administrar el nuevo Gobierno, nosotros vamos a dejarles la herramienta”, añadió.
Por su parte, en el Senado estudian la situación de deudas del Estado con las empresas privadas. La Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones de dicha Cámara, presidida por el senador Natalicio Chase, se reunió en la jornada de ayer y tocó este asunto entre otros puntos del orden del día.
Según se informó desde la Cámara, el senador Chase expresó al respecto que es importante articular acciones y herramientas para arbitrar los medios necesarios, a fin de saldar las diferentes deudas contraídas y conocer la problemática de fondo, teniendo en cuenta que puede tratarse de varios motivos, como ser presupuestario, tope fiscal, falta de ejecución u otra causa.
Además, comentó que los representantes de las instituciones invitadas expresaron que el principal inconveniente responde al atraso de la deuda en la ejecución de las obras y también la falta de pago de los intereses.
“Nosotros nos nutrimos de la información para poder hacer una evaluación total, tanto con el sector privado como con el sector estatal. Con todo esto, vamos a preparar un informe para ir trabajando con las autoridades del Gobierno entrante”.
Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones del Senado.
Estimación de déficit
Ivonne Aristizábal, economista de Investor, recordó que esto se venía estimando desde un principio, debido a que existen compromisos que todavía deben de cumplirse a nivel público, como los mencionados con las constructoras y las farmacéuticas. Desde la Casa de Bolsa, de hecho, ya venían manejando una estimación de déficit fiscal de 3% del PIB para este año, la cual mantienen hasta el momento.
“Desde mi lado, observaría mejor los desafíos a los que se enfrenta el nuevo Gobierno, como se menciona, un año con un déficit por encima de la meta y volver a tener en orden la casa para poder llegar a la meta de un gasto público más eficiente”.
Ivonne Aristizábal, economista de Investor.
Sobre la imagen país que deja el hecho de incumplir el plan de convergencia hacia los límites de la responsabilidad fiscal, refirió que el foco debe estar en los nuevos desafíos para el Gobierno entrante, el ordenamiento de las finanzas públicas y la mejora del gasto del Estado, de manera a que se convierta en inversiones con impacto en el largo plazo y se siga proyectando una buena imagen a nivel internacional.
Imagen país
Además, Beltrán Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), brindó una visión positiva sobre este movimiento del gobierno saliente, ya que saldar las deudas con el sector privado implica un “voto de confianza” al gobierno de Santiago Peña para seguir pensando en el grado de inversión.
“La imagen del país se construye con varios indicadores, información, noticias, manifestaciones de exponentes del sector privado, público, analistas, organismos internacionales, exponentes políticos, análisis de bancos locales e internacionales etc. Se compone de temas económicos, sociales, políticos, ambientales, institucionales, y se forma muchas veces con las impresiones de los encuentros personales entre actores locales del país y sus stakeholders”, dijo, en respuesta a la consulta de MarketData sobre los efectos que esta decisión del equipo de transición generará sobre la reputación de Paraguay a nivel internacional.
En ese sentido, aseveró que las nuevas autoridades, incluido el presidente de la República, y las autoridades económicas, principalmente el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, son los que tendrán a su cargo explicar el contexto donde se asume esta decisión y, además, presentar su programa de gobierno y estrategia para la vuelta a la regla fiscal en el futuro.
Así, opinó que de la coherencia y consistencia de los mensajes y los planes de gobierno surgirá la “imagen presente y futura” del país en esta materia; imagen que siempre será afectada por los acontecimientos, decisiones y mensajes en el tiempo y en este caso en el periodo de gobierno.
“Dicho esto, creo que la realidad es que enfrentamos una deuda acumulada que debe ser honrada y la decisión es entre seguir demorando y castigando al sector privado que debe además cumplir sus compromisos, o demorar el regreso a la regla fiscal”, comentó.
También recordó la sequía que golpeó en múltiples ocasiones, la pandemia, más las demoras de sucesivos gobiernos y de este último en mejorar la calidad del gasto; “y, por el contrario, al seguir con los aumentos en gastos rígidos, nos condujo a este escenario”, reclamó.
En este contexto, consideró que el Equipo Económico que está asumiendo ya tuvo la experiencia de gobierno y, por lo que han manifestado, “nadie puede dudar de que tienen claro la importancia de volver a la regla fiscal”. Añadió que, de hecho, las acciones anunciadas también están en concordancia con esta línea de intenciones.
«Creo que la realidad es que enfrentamos una deuda acumulada que debe ser honrada y la decisión es entre seguir demorando y castigando al sector privado que debe además cumplir sus compromisos, o demorar el regreso a la regla fiscal”.
Beltrán Macchi, presidente de Asoban y Feprinco.
A pesar de este incremento en el nivel de deuda pública y la alteración que sufre el plan de convergencia fiscal, consideró que la comunidad internacional, los organismos Internacionales, las calificadoras de riesgo, la banca internacional y local, y los agentes económicos darán “su voto de confianza” a la gestión que se inicia y “que el camino a obtener grado de inversión en la calificación seguirá fortalecido”.
“Mientras tanto, los esfuerzos deben concentrarse en reducir la informalidad, la economía delictiva, especialmente el contrabando y el tráfico de drogas, y así ampliar la torta tanto para los ciudadanos como para el Estado vía la mejor recaudación fiscal!”, concluyó.
Cabe recordar que en mayo de este año, desde la calificadora Fitch Ratings, advertían que el buen manejo de la deuda pública es clave para mantener la calificación de riesgo que tiene nuestro país, en su camino hacia el tan mentado grado de inversión.
La falta de cumplimiento con la LRF ya se arrastra desde incluso un año antes de la pandemia. El gobierno de Mario Abdo Benítez no ha podido lograr converger al límite del 1,5%, y este año no se cumplirá el 2,3% previsto inicialmente, y hasta el momento se mantiene la voluntad de llegar al 1,5% en el 2024. En el 2020, año más duro de la pandemia, este indicador trepó incluso al 6,2% del PIB.
