El senador Basilio “Bachi” Núñez presentó al Congreso Nacional el proyecto de Ley que deroga varios artículos de la Ley 4033/2010 “del Arancel Consular”. La iniciativa cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo, así como de la Cancillería Nacional.
De acuerdo con el parlamentario, la normativa apunta a simplificar y remover trabas al comercio internacional, fomentando una mejora en el clima de negocios que repercuta positivamente en el país como destino de inversiones y, con ello, el bienestar de sus ciudadanos.
Así también, en la exposición de motivos del proyecto se sostiene que el Paraguay es un país en vías de desarrollo y sin litoral marítimo que enfrenta “sobrecostos relativos a su situación demográfica”, por lo que “resulta imperioso adoptar medidas que tomen en consideración el contexto social y geográfico del país”.
De acuerdo al proyecto, los artículos que se buscan derogar se pueden agrupar en dos categorías: en primer lugar, los actos y documentos gravados, seguido de los artículos que establecen los trámites e instancias de control y fiscalización de visado y legalización.
Dentro de la sección de actos y grabados se enuncian las actuaciones consulares como: navegación, aeronavegación, transporte ferroviario, transporte terrestre, comercio, estado civil de las personas, pasaporte y otros documentos de identidad, actuaciones notariales, misceláneas, derechos arancelarios y los actos jurídicos.
Dichos puntos se encuentran desarrollados en la tabla de aranceles previstas en el artículo 11 de la Ley 4033. En total, son 84 actuaciones consulares, de las cuales la iniciativa de derogación pretende eliminar 52, lo cual representa una reducción del 62%.
Así también, este proyecto de Ley busca la anulación de los artículos que disponen las sanciones derivadas del incumplimiento del pago de aranceles consulares -especialmente en materia de importación-.
Por último, en la argumentación del proyecto se sostiene que “la misión como gobernantes es facilitar, no dificultar, el desarrollo económico” del país. “Con este proyecto de ley estamos dando un paso importante hacia ese destino, constituyendo un hito que además equipara al Paraguay al resto del concierto de las naciones”, reza parte de la exposición del motivo.
Presupuesto del MRE
Sobre este proyecto, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, manifestó que la eliminación del cobro de los aranceles consulares es una iniciativa que se ha discutido durante mucho tiempo, por lo que señaló que se encuentra a favor de la derogación de algunos artículos.
Sin embargo, señala que este ingreso representa el 45% del presupuesto de la Cancillería Nacional, por lo que al cortar esta entrada de dinero, es necesario encontrar una alternativa para cubrir esa pérdida de ingresos.
Asimismo, comentó que el financiamiento de la institución se encuentra compuesto por dos fondos: el Fuente 10, que son capitales genuinos del Estado, y el Fuente 30, que son los ingresos percibidos por las facturas consulares que son legalizadas, por lo que ex canciller resaltó que las instituciones pertinentes deberán ver cómo sustituirán dichos ingresos.
“Mi preocupación es que un porcentaje del presupuesto de la Cancillería Nacional está financiado con esos ingresos consulares. Entonces, hay que encontrar una alternativa en el marco del Presupuesto General de la Nación, del Ministerio de Economía, para cubrir ese monto que va a dejar de percibir como fuente propia”, explicó Loizaga.
Por último, remarcó que no está en contra de la derogación de los aranceles consulares. No obstante, indicó que debe ser estudiado con detenimiento el financiamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuestionamientos
Por su parte, la senadora Kattya González indicó que la exposición de motivos del proyecto que busca la derogación de los aranceles aduaneros carece de datos, y cuestionó cómo se financiará el presupuesto eliminado y a quién beneficiará. Asimismo, comentó que la iniciativa será estudiada este miércoles en el pleno.
“Simplemente se habla de que vamos a estar mejor, de que esto va a ser en beneficio de la ciudadanía, pero no se articula los montos y cómo vamos a hacer el calce presupuestario teniendo en cuenta que esto forma parte de los recursos genuinos de la Cancillería”, resaltó la parlamentaria.
Indicó que solicitó la postergación de ocho días para el estudio del proyecto, para poder escuchar el motivo de la Cancillería y conocer si dicha iniciativa cuenta con el contenido presupuestario necesario para su fundamentación.
“Ni siquiera el proyecto dice cuánto recaudan en este concepto, qué va a pasar, porque ellos dicen que no van a subir impuestos, pero ¿cómo van a calzar el presupuesto que hoy representa el 45% aproximadamente del presupuesto de Cancillería, lo que vamos a eliminar ahora?”, manifestó González.
