En un comunicado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que llegaron a un acuerdo con las autoridades paraguayas sobre una solicitud de acceso en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (Derechos Especiales de Giro 302,1 millones) y la segunda revisión del Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI, por sus siglas en inglés).
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó a MarketData que el valor de los DEG solicitados en esta ocasión equivale a aproximadamente USD 400 millones. Agregó que la disponibilidad de estos recursos debe aún ser aprobada por el Directorio del FMI “y, lógicamente, por el Congreso Nacional por eso se habla de acuerdo técnico”.
El FMI, por su parte, explicó que Paraguay solicita financiamiento del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF) del FMI para respaldar sus “ambiciosas reformas” centradas en el clima, destinadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático y lograr una vía de crecimiento más sostenible.
“Las autoridades siguen dedicadas a reforzar la estabilidad macroeconómica, impulsar su agenda de reformas estructurales y mantener un estrecho diálogo político con el Fondo bajo los auspicios de la Coordinación de Políticas de Paraguay (PCI)”, dice parte del comunicado.
El citado organismo detalla que un equipo del FMI, liderado por el Mauricio Villafuerte, jefe de misión en Paraguay, mantuvo reuniones con las autoridades paraguayas del 25 de octubre al 3 de noviembre de 2023 para la segunda revisión del Instrumento PCI, sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.
“La mayoría de los compromisos bajo la agenda de reforma estructural del PCI se cumplieron. El gobierno incorporó al Sistema Integrado de Factura Electrónica Nacional (SIFEN) a grandes y medianos contribuyentes superando el umbral previsto”, detalla el organismo internacional.
También recuerda que se promulgó el reglamento administrativo de la nueva ley de adquisiciones. Se ultimó y presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley para reordenar la estructura del Estado.
Asimismo, destaca que las autoridades están trabajando en una versión actualizada de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), y el gobierno está revisando un proyecto de ley destinado a la formalización de los trabajadores dependientes en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y los trabajadores independientes.
“Las autoridades se han propuesto ampliar su agenda de reformas estructurales hasta mediados de 2025, abarcando el análisis de los gastos tributarios, acciones de gestión de las finanzas públicas para asegurar el registro de los gastos devengados, la promoción de alianzas público-privadas para obras públicas, acciones para combatir la corrupción, así como mejoras continuas a los sistemas de información de los programas sociales”, añaden.
Solicitud de financiamiento
En esa ocasión, según el comunicado, el equipo también discutió la solicitud de las autoridades de acceder a recursos financieros bajo el RSF por un monto del 150% de la cuota (DEG 302,1 millones).
“El equipo del FMI y las autoridades paraguayas llegaron a un acuerdo a nivel de personal sobre las políticas necesarias para completar la segunda revisión bajo el PCI, así como sobre la solicitud de acceso a recursos financieros del RSF. El Directorio Ejecutivo del FMI discutirá estas solicitudes en las próximas semanas”, aseguró Villafuerte.
El FMI dice que el nuevo mecanismo apoyaría los esfuerzos de Paraguay para aumentar la resiliencia de las inversiones públicas, movilizar recursos financieros para apoyar los esfuerzos de adaptación y mitigación, contener los riesgos climáticos para el sector financiero, preservar y expandir la matriz eléctrica limpia del país, descarbonizar su economía y conservar sus bosques.
“Las medidas de reforma se coordinarán estrechamente con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y otros socios internacionales. El mecanismo proporciona recursos con vencimientos más largos y términos asequibles, al tiempo que ayuda a catalizar financiamiento climático crítico de otros socios oficiales y privados”, agregan.
En el documento también se indica que, en el resultado fiscal a junio de 2023, el déficit fiscal del gobierno central, el gasto primario corriente y la concesión neta de límites de deuda flotante estaban cerca de los objetivos.
“Sin embargo, la situación fiscal de 2023 resultará más débil de lo previsto originalmente este año, ya que el nuevo gobierno pretende registrar y regularizar, en los próximos meses, las reclamaciones pendientes de contratistas privados acumuladas durante la pandemia. Posteriormente, el déficit fiscal convergerá gradualmente al techo de déficit del 1,5% del PIB de la regla fiscal para 2026”, relata el FMI, siempre en su comunicado.
Ministro celebra acuerdo
A través de sus redes sociales, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció el mencionado acuerdo a nivel técnico al que se arribó con el FMI. “El programa apoyará los esfuerzos del país en lograr un desarrollo sostenible y con respeto al medio ambiente”, afirmó.
El secretario de Estado también recordó que hace 20 años le tocó negociar el programa Stand-by con el FMI, “base del equilibrio macroeconómico que hoy caracteriza a la economía paraguaya”, según dijo. Asimismo, afirmó que el nuevo acuerdo será fundamental para lograr los objetivos económicos, sociales y medioambientales del nuevo
Es importante reiterar que la solicitud debe ser aprobada por el Directorio del FMI y luego remitida al Congreso Nacional paraguayo, para su análisis.
Paraguay ya había recibido los DGE
Cabe recordar que, en el 2021, Paraguay recibió unos 250 millones de dólares en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) que se destinaron al financiamiento del proyecto de Ley de Consolidación Económica y Contención Social.
Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son asignados típicamente en períodos de crisis. Por ejemplo, el FMI distribuyó DEG por valor de 250 billones de dólares a sus miembros durante la crisis global financiera del 2009.
Los DEG son activos de reserva internacional creados por el FMI para completar las reservas oficiales de los integrantes. El valor se basa en una canasta de cinco monedas y se asigna en tiempos de crisis, como sucedió en el 2009 durante la crisis global financiera.
