Donoso (Panamá), 15 nov (EFE).- Una docena de pequeñas embarcaciones fondean desde hace semanas en el Caribe panameño para impedir que algún barco acceda al puerto que opera Minera Panamá, filial de la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), sumándose así a las protestas que tienen semiparalizado Panamá en rechazo a un polémico contrato entre el Estado y la minera.
Las redes sociales han bautizado a estos pescadores como los «guerreros del mar», que con su protesta han obligado a la minera a reducir sus operaciones de procesamiento de minerales.
Minera Panamá, que opera esta mina de cobre considerada la mayor a cielo abierto de Centroamérica, anunció esta semana en un comunicado que «esta reducción de operaciones se debe a un bloqueo ilegal ocasionado por pequeñas embarcaciones en el puerto».
«Las acciones ilegales en el puerto han afectado la entrega de suministros para la planta de generación de energía, que es necesario para el pleno funcionamiento y para el manejo seguro del medio ambiente (…) Además, las acciones ilegales han obstaculizado la carga de concentrado de cobre en los buques», denunció la compañía.
Esos pescadores y campesinos del área de Donoso, ubicada en la caribeña provincia de Colón, colindante con la gran mina Cobre Panamá, se mantienen desde hace 15 días en guardia en sus embarcaciones frente al puerto con un lema contundente: «Aquí nada entra, ni nada sale».
«Vinimos a defender la vida, el agua, el aire que respiramos y que queremos para nuestros hijos y nuestra familia (…) Sabemos que aquí inicia el proceso de minería en Panamá», dijo a EFE el marinero y profesor Carlos Cruz, oriundo de un pequeño pueblo de la zona, desde una lancha frente a ese vasto puerto.
Hace una semana Cruz decidió subirse a la lancha con el resto de sus compañeros al grito de «Pueblo unido jamás será vencido», para recorrer unas cuantas millas náuticas en modo de protesta «pacífica», que, según advierten, no cesará hasta que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional ese contrato.
Los marineros recuerdan que en 2017, la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato minero de 1997, lo que obligó años más tarde a las autoridades y a la empresa a renegociar. Producto de ello, es este nuevo pacto minero, que según los ambientalistas tiene los mismos vicios que el anterior, mientras el Gobierno y la compañía defienden sus beneficios para el empleo y la economía.
Según la compañía, «Cobre Panamá es responsable de aproximadamente el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá y representa el 75 por ciento de las exportaciones de bienes del país».
La disminución en el procesamiento de minerales, agrega, «tendrá un impacto directo en más de 7.000 colaboradores y contratistas, así como en otras 40.000 personas cuyos medios de vida dependen directamente de la prestación de servicios a la mina».
Pedir permiso para visitar al pueblo vecino
Algunos lugareños no comparten esta opinión, y alegan que los perjuicios de las operaciones de la mina son mayores que sus beneficios, al tener por ejemplo que solicitar permiso para ir de un pueblo a otro a través de zonas propiedad de la mina.
«No tenemos transporte para llegar hasta acá, sino que tenemos que pedir un requisito (de la mina) y así andar hasta aquí», explicó a EFE Santos Miranda, un indígena Ngäbe Buglé que vive en Nuevo Edén, una comunidad pegada a la mina.
El actual contrato eliminó sin embargo «las cláusulas de expropiación» de tierras y la condición que «permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo», entre otras que estaban incluidas en la primera versión.
Pero eso no ha impedido que durante las protestas se haya revivido un tema sensible para los panameños: su soberanía nacional, recordando la época del control estadounidense en las bananeras o sobre la «zona» del Canal de Panamá.
Además, señalan algunos manifestantes, sus «preocupaciones» no se limitan a pedir «mejoras económicas ni de calidad social de las comunidades», sino el respeto al medioambiente.
«Nuestro ambiente va a ser impactado de forma grave», exclamó Belisario Rodríguez.
Rodríguez, de edad avanzada, relata a EFE que ha visto la degradación ambiental en su comunidad por «culpa» de la minera, especialmente en el río que da nombre al pueblo donde, según defiende, han muerto peces y cangrejos cuando antes abundaban.
Los ambientalistas y jóvenes que lideran las protestas en otras partes del país, sobre todo en la capital, advierten de los graves daños ambientales que provoca la mina, al estar dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, un área con gran biodiversidad. Minera Panamá, sin embargo, defiende sus planes de reforestación, siembra, protección de biodiversidad y apoyo financiero a áreas protegidas. También señala que al año produce un millón de plantones.
Rodríguez lo tiene claro: «Todo se ha muerto (…) Panamá es un país pequeño y esta área es verde y llena de ríos».
