Ante una repentina subida en los precios del tomate esta semana, se generó todo un debate y conmoción en la sociedad paraguaya, por lo importante que es dicho producto en la canasta básica familiar. Autoridades de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), informaron que el tomate superó los G. 16.000 el kilo durante la semana, a pesar de que los productores mantuvieron sus precios.
En este contexto, Ricardo Gavilán, Director de Investigación en Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), comentó que la institución ya abrió una carpeta de investigación en consecuencia. El objetivo de la pesquisa es determinar si hay o no un un acuerdo de precios en la cadena de comercialización del tomate, y en cuyo caso en qué parte de la cadena se habría realizado dicho acuerdo.
“Lo que estamos haciendo ahora es requerir información a las distintas instituciones del sector público, que de una u otra manera están involucradas. Como Comisión de Competencia nosotros no somos un ente regulador de precios, no podemos sugerir ni exhortar a las empresas o comerciantes con respecto a cuánto es el precio en que tienen que vender”, puntualizó.
Confirmó que la Dirección de Investigación de Conacom ya se encuentra realizando una investigación con una carpeta preliminar para buscar indicios de si efectivamente es o no es esto un acuerdo competitivo. En base a eso, están realizando la pesquisa para recabar información cde otras instituciones como Sedeco y el Ministerio de Industria y Comercio.
“Nosotros lo que perseguimos son las prácticas anticompetitivas y una de estas prácticas pueden ser un acuerdo o concertación de precios, que es lo que nosotros conocemos como un cartel de precios. Si es que esta suba gira en torno a un acuerdo entre los distintos comercializadores de este producto, entonces ahí si podría configurarse una infracción en términos de la ley de competencia”, dijo.
Explicó que están buscando entender la dinámica y estructura del mercado, para llevar la investigación de manera eficiente. En esta primera etapa el requerimiento de información a instituciones del sector público, pero comentó que también pedirán información a agentes del sector privado para llevar adelante la investigación sobre la posiblidad de faltas a la competencia.
Ante la pregunta del plazo que tendría la investigación, reconoció no tener una idea clara todavía al ser una etapa incipiente, pero que desde la próxima semana ya tendían mayor nivel de información. Insistió en que no se puede realizar ningún tipo de intervención en la fijación de precios, pero que sí se investiga si hay o un un acuerdo de precios, y en cuyo caso en qué parte de la cadena de comercialización.
Refirió que la investigación está orientada a buscar si hay una conducta en contra de la competencia, con un acuerdo de precios y quiénes son los actores que estarían en este comportamiento.
En caso de que la Concom encuentre que hay efectivamente un acuerdo de precios en alguna etapa de la cadena de valor, el resultado final podría ser una multa a los infractores de la ley de competencia. La misma se calcula como el 20% sobre la facturación bruta de la empresa en el último ejercicio, o sea se tomaría como referencia el año 2022.
“Nosotros necesitamos pruebas, elementos de convicción que puedan sustentar lo aparente es así y posteriormente a saber si es que existe un acuerdo, ver en qué nivel de la cadena de valor se da un posible acuerdo, ver si es entre los comerciantes, entre los comerciantes, intermediarios, o productores, ver dónde se da el acuerdo”, puntualizó.
Cabe recordar que esta semana también, en conversación con MarketData, la economista e investigadora Verónica Serafini, opinaba que lo que ocurre tanto en el mercado del tomate como otros alimentos básicos, es una fuerte concentración de demandantes que tienen la capacidad de fijar precios.
En este caso, la misma hacía referencia a los intermediarios, en lo que explicó es una falla de mercado por falta de inversión y ayuda a las familias campesinas y productores de este tipo de alimentos.
