En su revista bimestral, el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), señala que Paraguay, debe trabajar en una política energética para el desarrollo económico y social; y no para la obtención de rentas exiguas y temporales.
El análisis, realizado por Fernando Masi, director de Cadep, menciona que persistir en una política exclusivamente tarifaria en las negociaciones con Brasil sobre Itaipú, sigue teniendo un carácter cortoplacista y de contramano al aprovechamiento de uno de los mayores activos económicos de Paraguay, que necesita reducir las amplias brechas de oportunidades, recursos e ingresos que caracterizan a la matriz productiva.
Las negociaciones entre los gobiernos de Brasil y Paraguay por determinar la tarifa de venta por parte de Itaipú para el año 2024 y las exigencias por imponer una tarifa más alta por parte del gobierno paraguayo, más que un análisis en términos de potenciales beneficios para el país, tiende a ser es interesante para estudiarlo a partir de una política energética predominante del Paraguay, desde la terminación de las obras de Itaipú, hace más de 40 años.
Según lo detallado por Masi, casi la única meta de esta política ha sido extraer renta de la venta de energía al Brasil, no consumida por Paraguay y utilizarla para complementar los ingresos tributarios del Estado paraguayo.
Es decir, no planear el uso de la energía renovable y limpia para el desarrollo del país que permitiría, invertir en una infraestructura de distribución de energía adecuada para las inversiones industriales, como para la conversión del transporte público de cargas y pasajeros, con el consecuente ahorro de la importación de combustibles y del uso de la biomasa.
“La poca voluntad de aprovechamiento de la energía hidroeléctrica para proyectos de desarrollo tiene varias evidencias a lo largo de 5 décadas luego de firmado el Tratado de Itaipú”, resalta Masi.
En ese contexto explica que, un reciente artículo de Austin Connors, demuestra que el gobierno de Alfredo Stroessner desechó una inversión por parte de una industria electro intensiva en el país, por valor de USD 700 millones.
El argumento del entonces presidente de la República fue que, la preferencia de su gobierno era la especialización productiva en la agroindustria y no en aquellas relativas a un uso mayor de la energía de Itaipú.
Treinta años más tarde, otra empresa extranjera electro intensiva propuso invertir USD 2.000 millones y utilizar energía equivalente a una turbina y media de Itaipú, sin acogerse a ningún régimen de excepción impositiva. La oferta fue rechazada porque la empresa solicitaba el pago de un precio preferencial de energía.
El análisis de Masi asegura que, con estos rechazos, la ANDE se privaba de ingresos mayores a los recibidos por la venta de energía al mercado local, ingresos con los cuales invertir en obras de infraestructura energética que el país demandaba en forma urgente.
Por otro lado, insiste en que el fisco se privaba de una recaudación tributaria que puede potenciar una mayor inversión pública en infraestructura física y social.
“El ejemplo más claro de una política energética centrada exclusivamente en la renta y no en el aprovechamiento hidroeléctrico para la producción (…), es que la primera línea de transmisión de más alta potencia recién se empieza a construir 30 años después de la terminación de las obras de Itaipú”, destaca el artículo.
De acuerdo con las últimas cifras oficiales del uso de energía en Paraguay, la oferta más importante es la hidroeléctrica (cerca del 70% del total).
Sin embargo, el consumo de la hidroelectricidad sólo representa entre el 18 y 20% del total del consumo energético del país, consistiendo el resto en combustibles y biomasa.
Así mismo, el 80% del consumo hidroeléctrico corresponde al de hogares y solo el 20% para la producción.
FATIGA IMPOSITIVA Y PÉRDIDA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
Según las explicaciones de Masi, ciertas reivindicaciones en relación con el precio de venta de energía sobrante de Paraguay a Brasil, se obtuvieron en 2004 cuando el país logró extraer fondos de Itaipú para inversiones sociales; y en el 2009 – 2011 cuando se logró triplicar este precio y crear el Fonacide para inversión pública, principalmente en educación.
“Esta lógica rentista continúa con la posición oficial paraguaya de extraer el máximo de excedente de la venta de energía al Brasil, al desear fijar un nivel tarifario alto para la venta de energía a ambos países por parte de Itaipú”, insiste.
En ese aspecto, la publicación hace hincapié en que la posición es la de siempre, “obtener más fondos para el presupuesto nacional a ser utilizados en inversión física o social, ante el estancamiento de los ingresos permanentes del Estado”.
El resultado es lo que se denomina fatiga impositiva tanto a nivel de la administración central de gobierno como de los gobiernos locales. En el primer caso, los altos niveles de evasión tributaria -principalmente del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE)- no son combatidos y; en el segundo caso, los ingresos de Itaipú disminuyen la voluntad de los municipios de recaudación del impuesto inmobiliario.
“En los últimos 10 años los ingresos tributarios nominales crecieron a un promedio anual de 6,8% frente a un aumento promedio anual nominal del PIB del 6,7%. Mientras que el promedio de presión tributaria anual ha sido de tan solo 9.8%”, agrega.
El gobierno de Santiago Peña, anunció que se pretende aumentar la presión tributaria al 11% del PIB para el 2024. Ello sólo será posible con un crecimiento nominal de los ingresos tributarios del 18% para este año frente a un crecimiento nominal del PIB del 8%.
A la opinión de Masi, la situación se pone más compleja cuando la proyección de uso del 50% de la energía de Itaipú que corresponde al Paraguay se cumpla en un plazo de 10 a 15 años.
“Es decir, en ausencia de ingresos por la venta de energía hidroeléctrica, el presupuesto nacional y de gobiernos locales se deberá limitar a los ingresos tributarios sin la seguridad de que estos ingresos puedan crecer proporcionalmente igual o mayor a la reducción y eventual extinción de los ingresos de Itaipú”, subraya.
De acuerdo con Victorio Oxilia, experto en energía, la ANDE “…. necesita invertir, como mínimo, USD 600 millones anuales en los próximos 10 años, para ofrecer un servicio de alta confiabilidad y seguridad en el Sistema Interconectado Nacional”. Sin embargo, el nivel de inversión de la ANDE actualmente es solo el 50% de lo programado.
“Por más legítimo que se haya considerado, a lo largo de 50 años, la reivindicación de un precio justo para la venta de energía excedente al Brasil, ante tamaño emprendimiento como Itaipú, la política energética del Paraguay no debió concentrarse casi exclusivamente en este aspecto”, insiste Masi.
Finalizando resalta que ante las necesidades mundiales de reducción de los gases de efectos invernadero, la posición de Paraguay es privilegiada al contar con una oferta de energía renovable como la hidroeléctrica que no solo reemplace energías contaminantes a nivel local, ahorrando divisas, sino que atraiga inversiones con fines de desarrollo de proyectos de descarbonización.
Sin embargo, al no contar con una infraestructura energética adecuada para estos emprendimientos, se pierde la oportunidad de una utilización plena de nuestro “bono energético” o “bono verde”.
No resulta difícil entender que, con una política de aprovechamiento integral de una energía renovable de la dimensión de Itaipú, antes que otra concentrada en excedentes o renta, los beneficios para el país hubieran sido superlativamente mayores. Los emprendimientos industriales de envergadura no solo hubieran contribuido al crecimiento económico sino a la diversificación de la economía, a un mayor ingreso de divisas y a recaudaciones tributarias muy superiores a las actuales.
Todo ello hubiera permitido niveles más altos de actividad económica, aumento de disponibilidad de recursos para la inversión pública y menores niveles de endeudamiento público.
Es decir, una política energética para el desarrollo económico y social y no para la obtención de rentas exiguas y temporales. Persistir en una política exclusivamente tarifaria en nuestras negociaciones con el Brasil sigue teniendo un carácter cortoplacista y de contramano al aprovechamiento de uno de los mayores activos económicos del Paraguay.
