Panamá, 27 ago (EFE).- La constructora FCC pidió al Seguro Social de Panamá que le cancele unilateralmente el contrato de la construcción de una obra hospitalaria, de más de 554 millones de dólares, envuelta en la polémica por retrasos en su entrega e investigada por la Justicia española.
El director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau, dijo este jueves que la constructora envió una carta con el pedido, lo que ha sorprendido al organismo de salud porque se encuentra en una mesa con FCC negociando salidas al conflicto.
«Nosotros habíamos marcado algunos puntos en la mesa y súbitamente recibimos una carta en donde nos plantean la disolución del contrato arguyendo una situación de fuerza mayor. Y la situación de fuerza mayor es la pandemia o cualquier otra cosa que ellos hayan incorporado en su petición. La respuesta va a ser contundente», declaró Lau a los periodistas.
La constructora ha planteado que se le rescinda el contrato unilateralmente para luego ir a un arbitraje, precisaron funcionarios de la CSS según medios locales.
La obra, denominada Ciudad de la Salud o Ciudad hospitalaria, fue licitada en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) para ser entregada en julio de 2015, pero una serie de irregularidades detectadas en el proyecto durante la Administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) retrasaron su construcción.
FCC reclama al Seguro Social panameño 65 millones por lo que denomina «permanencia extendida».
Lau dijo en julio pasado que la CSS negociaba con FCC la rápida culminación de la obra, y que se le planteó que cediera el contrato a empresas panameñas a fin de que las instalaciones hospitalarias puedan ser usadas para atender a pacientes de COVID-19.
La obra está interrumpida «de manera unilateral (por FCC), nosotros no le dijimos que la pararan», dijo este jueves Lau, que precisó que la CSS le ha planteado a la constructora «desde el primer momento que dado los problemas que ellos están enfrentando, la CSS prefería terminar la obra con empresas panameñas».
«Pero como existe un contrato vigente y nosotros somos respetuosos de la norma, seguimos lo que establece la norma en estos procesos. Eso lleva implícito el hecho de que los trabajos que ellos han ejecutado de acuerdo al contrato, si nuestro equipo los reconoce, serán pagados», agregó.
FCC ES INVESTIGADA EN ESPAÑA Y PANAMA
La constructora española, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim desde 2016, es investigada en España por el pago de sobornos para obtener los contratos del Metro de Panamá, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria.
FCC no rechaza la existencia de corrupción en la adjudicación de las obras pero se considera víctima (fue la que denunció los pagos de comisiones ante la Fiscalía española) y responsabilizaba de ello al entramado de sociedades del abogado Mauricio Cort, supuesto testaferro del expresidente Martinelli.
Una fuente judicial le dijo a Efe que el juzgado Central de España ha pedido a Panamá una asistencia judicial, que fue entregada a la Fiscalía de Asuntos Internacionales, la cual debe aún remitirla al procurador (fiscal) general, Eduardo Ulloa, para su formal recepción.
Según datos del diario panameño La Estrella, en la rogatoria se le pide a la Fiscalía que tome declaración jurada a exfuncionarios panameños, entre ellos el antiguo director de la CSS Guillermo Sáez-Llorens; al exjefe de Operaciones del Ministerio de Obras Públicas Jorge Ruiz y al exministro de esa cartera Federico Suárez, entre otros.
En Panamá, FCC es investigada «formalmente» por los proyectos Línea 1 y Línea 2 del Metro y por tres vías de la capital, dijo esta semana la fiscal especial anticorrupción, Ruth Morcillo.
