En el Congreso se debate un proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sin afectar el salario, siguiendo una tendencia internacional ya adoptada por más de 60 países. La iniciativa plantea una implementación gradual en un plazo de cuatro años y busca mejorar tanto la calidad de vida como la productividad laboral.
Sindicatos y representantes del sector salud respaldan el proyecto, mientras que gremios empresariales y de mipymes advierten sobre un posible aumento de costos y mayor informalidad. La propuesta también pone en evidencia la brecha entre las condiciones laborales del sector público y privado, así como la necesidad de invertir en tecnología y capacitación.
A finales del año pasado, en el Congreso Nacional fue presentado el proyecto de Ley “Que establece las 40 horas laborales semanales y deroga varios artículos de las leyes laborales para su plena vigencia”, impulsado principalmente por el senador José Oviedo. La iniciativa se encuentra en las comisiones de la Cámara Alta y se está llevando adelante audiencias públicas para conocer los pareceres de los diferentes sectores de la sociedad.
La propuesta plantea, entre otras cosas, reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sin la reducción del salario vigente. También, de esta manera, se busca acompañar la tendencia mundial, ya que, según el proyecto, en más de 69 países del mundo la jornada laboral es igual o inferior a 40 horas semanales.
El proyecto propone una reducción gradual de la jornada laboral, iniciando con dos horas menos a partir de su aprobación. En el primer año, se establecerían 46 horas semanales para el horario diurno, 43 para el mixto y 40 para el nocturno. En el segundo año, las jornadas serían de 44, 41 y 38 horas, respectivamente. En el tercer año, se reducirían a 42, 39 y 36 horas. Finalmente, en el cuarto año se unificaría la jornada en 40 horas semanales.
Cabe señalar que en 1936 en Paraguay se establecieron las 8 horas laborales durante la presidencia de Rafael Franco. En esta época no existían las computadoras y tampoco se avizoraba el avance tecnológico que se tiene actualmente.
“De alguna forma este proyecto trata de acompañar cómo la tecnología fue haciendo más eficiente el trabajo humano y, por lo tanto, no debería existir la necesidad de trabajar la misma cantidad de horas que en 1936. En ese tiempo también hubo mucha resistencia a esta medida de reducción, que en ese momento no tenía límite”, explicó la Ingeniera Mercedes Canese, durante la audiencia pública.
La profesional también mencionó que en 1962, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó reducir la jornada laboral, es decir, desde hace más de 60 años atrás.
Canese también afirmó que Ecuador fue el primer país en implementar la jornada laboral de 40 horas en 1997. También, otros países establecieron jornadas de 45 o 44 horas semanales en la última década, como el caso de Chile, que está reduciendo gradualmente su carga horaria. México, por su parte, prevé implementar una reducción en un plazo de cinco años. Igualmente, Venezuela, El Salvador y otros países de la región también están apostando por esta medida.
Además, durante la audiencia mencionaron que un estudio realizado por la Universidad de Harvard evidencia que las personas son más productivas al trabajar menos horas, además de registrar menos enfermedades y accidentes laborales. Esto también repercute positivamente en los costos del sector empresarial, ya que disminuyen los gastos en salud. Al mismo tiempo, las empresas logran un mejor rendimiento de sus equipos de trabajo, con mayores niveles de productividad y creatividad.
En la audiencia pública, el senador Ignacio Iramain comentó que prácticamente los únicos países que tienen 48 horas semanales son Paraguay, México, Costa Rica, Perú, Bolivia. Los demás países vienen progresivamente haciendo una reducción.
No obstante, comentó que la productividad es muy distinta, teniendo en cuenta que nuestro país es el de menor productividad en Latinoamérica y en el mundo “Nosotros necesitamos mayor inversión en tecnología, somos el país que menos aporte hacemos (…) en capacitación laboral, nuestra productividad es mínima”, dijo.
El legislador también señaló que la reducción del horario laboral no es ninguna novedad para nuestro país, ya que existen una Ley de enfermería para que las profesionales de esta área trabajen solo 30 horas semanales y los médicos que tienen un vínculo de 12 horas laborales y pueden tener hasta 3 vínculos, lo que suman 36 horas semanales en total. “Resulta ser que el sector público trabaja entre 30 y 35 y es mantenido por el sector privado que es el que paga los impuestos para poder mantener al sector público”, reclamó.
Iramain fue contundente al señalar que se debe aplicar un principio de justicia, o se baja en el sector privado o se aumenta en el público. Sin embargo, también cuestionó las condiciones laborales en las que se desarrollan los trabajadores en Paraguay que “realmente son lamentables”.
Añadió que no se cuenta con transporte público, existen accidentes diarios, las condiciones edilicias de algunas empresas no son óptimas, “ (…) hay toda una serie de situaciones que debemos analizar y estamos obligados a hacerlo, porque ya hay ejemplo de que trabajando 30 horas semanales como lo hace el personal de enfermería, se trabaja mucho mejor”.
QUÉ OPINA EL SECTOR PRIVADO
A su turno, el vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Cajes, manifestó su preocupación ante el proyecto. Señaló que la propuesta representa una presión adicional sobre el empleo formal existente, sin aportar soluciones concretas para la creación de nuevos puestos de trabajo.
Cajes criticó que, en los últimos tiempos, desde el Congreso surgieron iniciativas que no apuntan a generar empleo genuino ni a impulsar nuevas actividades económicas, sino que buscan modificar las condiciones laborales actuales, lo que, a su criterio, incrementa los costos operativos de las empresas.
“Disminuir las horas laborales con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo sobre los que ya están funcionando no es una de las mejores ideas y costará mucho al consumidor final”, afirmó.
Explicó que una eventual reducción de la jornada obligaría a las empresas a contratar más personal para mantener sus niveles de productividad, lo que se traduciría en mayores costos y, eventualmente, en un aumento de precios para el consumidor.
El vocero de Asimcopar también se refirió a otro proyecto que se encuentra en estudio en el Congreso, que propone la creación de un seguro de desempleo con aportes obligatorios del 2% por parte de empleadores y trabajadores, administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS). A su juicio, esta medida se suma a una serie de propuestas legislativas que incrementan los costos sin ofrecer incentivos a la inversión.
Desde Asimcopar, pidieron que el Congreso enfoque sus esfuerzos en promover leyes que favorezcan la inversión y la generación de empleo, en lugar de cargar al sector privado con nuevas obligaciones. “Este proyecto no considera el impacto del aumento de costos que luego se trasladan a los precios. Esperamos que no siga su curso, porque afectará severamente al régimen laboral vigente”, concluyó Cajes.
En el mismo sentido, Luis Ibarra, presidente de la Asociación de Almaceneros del Paraguay e integrante de la Federación de Mipymes (Fedemipymes), también expresó su preocupación por el impacto que tendría la medida en los pequeños comercios.
“Vamos a tener que implementar un turno más de trabajo y eso puede incidir en los costos de los productos que el trabajador va a acceder”, sostuvo. También advirtió que la infraestructura nacional aún requiere de importantes inversiones, y que una jornada reducida podría afectar el ritmo de ejecución de las obras públicas.
En la misma línea, Guillermina, representante de Asomipymes, señaló que la medida podría aumentar la informalidad laboral. “El salario mínimo solo se paga acá en Asunción. Las micro y pequeñas empresas no van a poder sostener las 40 horas porque facturan poco. Necesitamos trabajar más para salir adelante”, afirmó.
Por el contrario, desde el sector salud y sindicatos se manifestaron a favor del proyecto. Fátima Giménez, del Instituto de Previsión Social (IPS), consideró que la propuesta sería positiva tanto a nivel personal como institucional. “Necesitamos realmente una ley para ayudar a los médicos residentes”, expresó.
Javier Florentín, secretario del Sindicato de Empleados de Paraguay Refrescos (Coca-Cola), también respaldó la iniciativa. “No solo mejoraría la calidad de vida, sino también la productividad de las empresas”, dijo, y pidió que el Congreso apruebe la ley por unanimidad. No obstante, subrayó la necesidad de mejorar los controles laborales.
“Hoy en día se trabaja más allá de las 48 horas. El trabajador vive de las horas extras, especialmente en el sector industrial. Ese problema va a seguir, tengamos 48 o 100 horas”, advirtió.
