La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) se encuentra impulsando la modificación de su Carta Orgánica, a fin de adquirir facultades que le permitan ampliar su área de influencia hacia proyectos de inversión, financiamiento de obras de infraestructura y líneas de negocios como las Start-ups.
José Maciel, presidente de la entidad, explicó que a quince años de lanzamiento de la AFD, consideran que ya se cumplió con el objetivo principal para el cual fue creada: complementar el fondeo a largo plazo de las entidades con las que opera – bancos, financieras y cooperativas –, con lo cual se pudo dar el reconocido impulso al mercado de créditos para la vivienda.
Entre las áreas en las que ahora la AFD busca ganar espacio se encuentran las obras de infraestructura. Para el efecto, la mencionada propuesta de modificación de la Carta Orgánica plantea autorizar al Ministerio de Hacienda la ampliación del presupuesto de la AFD para financiamiento de infraestructura.
La intención es que el Poder Ejecutivo, a través de dicha cartera, pueda incorporar dentro del Presupuesto de la AFD los créditos presupuestarios para llevar a cabo las inversiones financieras, “las que serán realizadas con recursos provenientes de la emisión de bonos AFD en moneda nacional o extranjera, sin garantía del Estado”, detalló Maciel, en conferencia de prensa virtual brindada este lunes.
Por otro lado, el banco de segundo piso prevé también prestar servicios de diseño y estructuración de proyectos de inversión para entidades públicas y privadas. Se tendrá en cuenta a proyectos financiados por otras instituciones financieras o a través de estructuras especiales de financiación, “para lo cual la AFD deberá establecer unidades o dependencias totalmente diferentes e independientes con relación a las demás, a efectos de evitar cualquier tipo de conflicto de interés entre las mismas”, agregó el ejecutivo.
La siguiente facultad por la que aboga la AFD se destina a administrar o crear fondos de capital de riesgo, para desarrollar mecanismos de financiación a Start-ups. En este punto, la meta es crear nuevas alternativas de financiación a emprendedores innovadores y creativos.
La AFD participará en “el otorgamiento de capital a las empresas en la etapa de crecimiento y maduración, pero en las que los riesgos de dichas iniciativas empresariales aún son altas para acceder directamente al mercado del crédito. Esto se desarrollaría siempre en segundo piso, a través del apoyo a los fondos de inversión que se desarrollen para el efecto”, relató José Maciel.
Mirada al sector público. En cuanto a la intención de facilitar la canalización de recursos de la AFD a gobiernos subnacionales y empresas públicas, para obras de infraestructura, el titular de la firma recordó que la ley actual impide a la AFD financiar – en forma directa o indirecta – al sector público. En consecuencia, se propone permitir otorgar préstamos, siempre a través de las IFIs (Instituciones Financieras Intermediarias) para inversión en infraestructura de entidades como Municipalidades y Gobernaciones, hasta un máximo del 30% del Patrimonio Neto de la AFD.
Otros planteamientos consisten en permitir el financiamiento a empresas de Leasing, Factoring y otras empresas reguladas por leyes especiales que estén autorizadas, fiscalizadas y supervisadas por el Banco Central del Paraguay (BCP); y ampliar inversiones de Tesorería en nuevos instrumentos financieros – además de los Certificados de Depósito y otros títulos de deuda que cuenten con calificación de riesgos –, de manera a aumentar la rentabilidad de los excedentes.
El pedido de dotar a la AFD de la capacidad para realizar contratos y emisiones de títulos de deuda en los mercados internacionales, por su parte, derivaría en que esta entidad pueda someterse al derecho y tribunales judiciales, o arbitrales extranjeros, para poder realizar operaciones internacionales, como emisiones de bonos y préstamos, con o sin garantía del Estado, para lograr mayor eficiencia en costos y acceso a fondos.
José Maciel recordó que vienen trabajando la propuesta desde hace varios años y que arrancaron con una consultoría de PricewaterhouseCoopers (PwC) de Uruguay. El documento fue presentado al Congreso Nacional a fines de agosto pasado.
